La actualidad de México: Octubre, 2015

mexico

Por Héctor Aguilar Camín (Nexos).    Difícil dibujar el momento mexicano. Su rasgo dominante es el de una opinión pública irritada y harta, en muchos sentidos independiente de los hechos que la sustentan. Se trata de un malestar acumulado, como el de las parejas viejas o las viejas querellas nacionales: es fácil encenderlas y difícil apagarlas, porque hay una brasa previa que acude a inflamar la chispa nueva. A esto se añade la mirada internacional, que hizo de México una nueva estrella de la globalización y luego un nuevo desengaño. Ni la consagración ni la derogación dicen toda la verdad de la realidad contradictoria y disonante de México.

La disonancia mayor quizá sea que el gobierno de México tiene un proyecto de país de primer mundo, una capacidad de ejecución de gobierno de tercer mundo y un rechazo público de Estado o país fallido. Sus propósitos están muy por arriba de sus resultados y sus resultados muy por debajo de lo que está dispuesta a tolerar su sociedad.

Si se atiende a los números, los resultados de México son inferiores a lo prometido por sus reformas, pero no desastrosos, como aparecen ante la mirada pública. La violencia ha descendido considerablemente. La economía crece poco pero no ha dejado de crecer. Las expectativas económicas de expertos y consumidores van a la baja, pero el consumo y el empleo a la alza. El peso se ha devaluado frente al dólar, pero la inflación es la menor en años. El gobierno vive una severa crisis de credibilidad pero ganó con sus aliados la mayoría de la Cámara de Diputados en las últimas elecciones federales. Las reformas estructurales en educación, energía, competencia económica y telecomunicaciones no dan frutos tangibles pero están en la Constitución y han rediseñado las prioridades nacionales.

El país tiene un nuevo rumbo pero no navega con claridad hacia él. Por el contrario, parece hundirse en la irritación, la frustración y el fracaso. El pesimismo público no tiene matices: vive en un país indignado y enardecido.

No es fácil precisar las causa del enardecimiento, pero creo que muchos de sus afluentes van, o vienen, en la dirección de un viejo pleito familiar no resuelto por la democracia mexicana: el pleito de los ciudadanos, en particular los jóvenes, con el PRI y con todo lo que el PRI significa, imaginario o real.

No sé en qué proporciones, pero creo que en ese pleito pesan el regreso del PRI al poder, su inesperada eficacia reformista, su triunfo rápido y sin consulta sobre los intereses afectados por las reformas, y la autonomía que el gobierno adquirió en el proceso. Esa autonomía lo hizo insensible a las resistencias que las reformas encontraban en el camino, lo cual es lógico, pues debía vencerlas. Pero también lo insensibilizó a la existencia, en el corazón de su propuesta de modernidad, de viejos usos y costumbres de la política mexicana, entre ellos la corrupción, el clientelismo empresarial y el tráfico de intereses públicos y privados. Todo ello en un contexto de pobres resultados de gobierno en casi todos los órdenes.

La intención del gobierno que asumió el poder en 2012 fue recuperar “la rectoría del Estado”, expresión característica de la retórica del antiguo PRI. Su esfuerzo dio resultados inesperados en la negociación del llamado Pacto por México, consistente en que las principales fuerzas políticas se sentaron a pactar a puerta cerrada las reformas que acabarían transformando sustancialmente la Constitución, al punto de volverla irreconocible en muchos pasajes.

Las reformas, que afectaban intereses y hábitos viejos, apenas fueron consultadas con los afectados. Fueron pactadas al margen del Congreso, negociando con las dirigencias de los partidos en un lugar aparte, ese lugar autónomo de la política mexicana que se llama “la rectoría del Estado”. Llevaron luego las reformas pactadas al Congreso y las volvieron norma constitucional en 15 meses.

Creo que el éxito inusitado de este proceso reafirmó en el gobierno la vocación de ejercer su autonomía, su recobrada “rectoría del Estado”, respecto de los otros poderes, la oposición, los medios y la sociedad. El gobierno se amuralló en el ejercicio de esa autonomía y dejó de escuchar tanto las quejas interesadas de los afectados por sus reformas, como las quejas legítimas de la sociedad por la ineficacia acumulada de gobierno y la corrupción rampante.

Los arcaísmos del proyecto modernizador quedaron incrustados, intocados, en su misma cuna, por su ceguera o su indiferencia ante las groseras oportunidades de corrupción abiertas por la peculiar lógica política y económica de la democracia mexicana.

Unas palabras sobre esta lógica peculiar, que explica tantas cosas:

La transición democrática mexicana tuvo al menos tres consecuencias no buscadas por el diseño original: 1. Gobiernos federales improvisados e inexpertos. 2. Gobiernos locales ricos que no rinden cuentas, ni cobran impuestos. 3. Elecciones que responden más a la lógica de una subasta que a la de una competencia .

Años de abundancia presupuestal por altos precios del petróleo permitieron a los gobiernos de la democracia atenuar con dinero las divergencias políticas, que antes se arreglaban con instrucciones. La transición no creó instituciones sólidas para procesar el desconocido paisaje de una pluralidad sin mayorías, que fue la fórmula elegida de la transición. Como no se querían más presidentes todopoderosos, se diseñaron gobiernos que fueran siempre minoritarios en el Congreso. Este diseño puso a los gobiernos democráticos a la defensiva, desde su origen, y repartió el poder sin contrapesos.

En ausencia de un servicio civil de carrera que diera continuidad a la gestión gubernativa, el denominador común de los gobiernos de la democracia fueron la improvisación y la inexperiencia. Tres veces seguidas, en el año 2000, en 2006 y en 2012, los mexicanos eligieron presidentes que no habían tenido experiencia federal de gobierno. Los presidentes elegidos no tuvieron la precaución de rodearse de gabinetes con la experiencia que a ellos les faltaba. La consecuencia fue una sucesión de gobiernos inexpertos, con largas curvas de aprendizaje, en un entorno democrático de alta exigencia pública.

El dilema del primer presidente de la alternancia democrática, Vicente Fox, fue qué hacer con su condición minoritaria. Había ganado la presidencia pero no había ganado el poder. El PRI, al que había sacado de Los Pinos, gobernaba la mayoría absoluta de los estados de la federación, y la izquierda se había quedado con la ciudad de México. La decisión de Fox fue no usar su bono democrático para avasallar a la oposición, en particular a la priista, sino negociar con ella. Su instrumento de negociación fue el presupuesto. Abrió las arcas de la federación a los gobiernos estatales y municipales sin asegurar la fiscalización federal de esos recursos. Pronto, en tiempos de una bonanza de los precios del petróleo que duraría hasta 2014, añadió al reparto un bono petrolero.

De por sí, la elección del año 2000 había tenido un efecto descentralizador, un reparto de poder del gobierno central a los otros poderes: Congreso, Poder Judicial y gobiernos locales. La derrota del PRI dio autonomía considerable a los gobernadores de ese partido, sometidos hasta entonces a la hegemonía de los presidentes priistas. La ganancia de la ciudad de México para la izquierda fue otra merma del antiguo centralismo.

Sobre esas autonomías políticas democráticas cayó una derrama presupuestal histórica. Entre el año 2000 y 2014 fueron transferidos a estados y municipios unos 355 mil millones de dólares, casi tres veces el monto del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa.1 Los gobiernos locales fueron ricos sin tener que cobrar impuestos ni rendir cuentas. “Vimos con estupefacción”, dice José Antonio Aguilar Rivera, “cómo del huevo del federalismo salían feos dragones: irresponsables, codiciosos y hambrientos de fondos públicos”.2

Tanto dinero suelto no podía sino multiplicar la corrupción, pero una corrupción “democratizada”, distinta en su origen y en sus consecuencias de la del presidencialismo priista. La corrupción del viejo PRI tenía la forma vertical de una pirámide. La de la democracia tiene la forma horizontal de un mercado. En la época del PRI la corrupción bajaba de la cúspide y escurría por laderas y terrazas hasta la base. La corrupción de la democracia mexicana de hoy baja por los conductos paralelos de la dispersión del poder, a partir del reparto de recursos federales asignados por un Congreso sin mayoría responsable a gobiernos estatales y municipales de las distintas fuerzas políticas. El Congreso federal es el gran mercado de asignaciones.

Gracias a los altos precios del petróleo, entre 2000 y 2015 el presupuesto federal creció 105% en términos reales. Pasó de dos millones 270 mil millones de pesos a cuatro millones 670 mil millones. En esos mismos años las transferencias federales a los estados crecieron de 682 mil millones a un millón 390 mil millones de pesos.3 Con todo ese dinero los presidentes de la democracia pudieron manejar a su oposición y a sus leales en el Congreso federal, el Congreso federal pudo asignar recursos crecientes a gobiernos de los estados, y éstos capturar la lealtad de sus Congresos locales, que debían servir como sus contrapesos.

Hubo dinero de sobra para hacer política. También para financiar a los candidatos de cada partido con el dinero adicional necesario para ganar elecciones, lo cual creó un mercado negro electoral que no ha hecho sino crecer y multiplicarse conforme se multiplican los partidos y sus clientelas.

Al dinero oficial que reciben los partidos para que no tomen dinero ni compromisos privados (500 millones de dólares en el año 2015), hay que añadir un mercado de dinero ilegal, que nadie vigila, y sin el cual es prácticamente imposible ser competitivo.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral, ha calculado que ese mercado negro puede ser hasta 10 veces superior al dinero público autorizado y entregado a los partidos. De modo que si el tope de financiamiento oficial para una campaña de diputado federal es de 1.2 millones de pesos, el costo promedio de esa campaña en zonas urbanas puede llegar a ser de 10 o 12 millones.4

Dice bien José Antonio Aguilar Rivera que en todas partes “la competencia por los cargos públicos depende críticamente del dinero. Ningún sistema ha podido, en ningún lugar, eliminar por completo este mal. No es un defecto de nacimiento de la democracia, es un mal congénito que acompañará al paciente hasta la tumba”.5

El mal congénito mexicano es doble. Por un lado los partidos sólo pueden tener financiamiento público y reciben enormes cantidades para subvenir sus gastos, además de tiempos gratuitos en los medios. Por otro lado, reciben ilegalmente grandes inyecciones de dinero que aportan gobiernos de su propio partido, empresarios que cobran después con contratos, y el crimen organizado.

A la hora de las elecciones los partidos violan sistemáticamente la ley que los regula: abusan del dinero legal y del ilegal. Más que una competencia nuestras elecciones parecen una subasta. El espectro de la corrupción se extiende también sobre todo el escenario electoral.

No es casual entonces que la corrupción haya ocupado el centro de la sensibilidad mexicana bajo la forma de un creciente rechazo. En el año de 1996 la palabra “corrupción” fue utilizada 96 veces en titulares de las 250 publicaciones mexicanas que registra la central de medios Infolatina. Para el año de 2014 las menciones fueron 29 mil 505.6

En este momento de intolerancia creciente a la ineficacia gubernamental y a la corrupción, el gobierno de Peña Nieto desató su exitosa ofensiva de reformas. Esas reformas se habían vuelto el nuevo consenso de México, ya que todos los partidos las asumieron en su plataforma electoral de 2012; pero ningún gobierno de la democracia había podido pactarlas con su oposición. Lo consiguió el gobierno de Peña a través del Pacto por México.

Regreso al “momento de México” de los días que corren:

Creo que la sensación de autonomía venida del Pacto por México, la certeza de haber recobrado la “rectoría del Estado”, anestesió los reflejos del gobierno federal frente a los agravios que su paso y su estilo viejo iba dejando. Le impidió, entre otras cosas, plantearse una política de comunicación que respondiera a las novedades de la opinión pública, en particular las redes sociales, para atender las nuevas formas de inconformidad que se inflamaban sobre la vieja brasa de los agravios contra el dinosaurio priista.

El gobierno federal reaccionó muy tarde a los acontecimientos que las encuestas muestran hoy como las claves de su crisis: la reforma fiscal de septiembre de 2014, el asesinato y desaparición de 43 normalistas en la noche sangrienta del 26 de septiembre de ese mismo año en Iguala y la confluyente exhibición de conflicto de interés, a principios de diciembre, en la adquisición de la casa privada del presidente mediante un trato favorable con un contratista gubernamental.

Este último incidente avivó las llamas del que quizás es el rasgo más profundo del descontento mexicano, eso que podría describirse como un estado de tolerancia cero a la corrupción. La corrupción se ha vuelto una materia innegociable para la opinión pública de México. He sugerido en otro texto que la intensidad de este rechazo anuncia quizás el inicio de una “revolución moral”, ese momento de la moral social en que algo a lo que parecíamos acostumbrados y con lo que parecíamos conformes empieza a ser intolerable, y no deja de serlo sino hasta que se toman medidas en contra y se cambia la realidad.7

La intolerancia frente al fraude electoral, que se había tolerado por décadas, fue la piedra de toque de la transición democrática mexicana del siglo pasado. Algo semejante puede estar pasando con la corrupción. La intensidad del rechazo, sin embargo, es sólo comparable a su falta de consecuencias públicas. Entre el año 2000 y el año 2013 hubo 41 gobernadores mexicanos acusados de corrupción en la prensa; únicamente 16 fueron investigados y sólo cuatro detenidos. En los mismos años fueron acusados de corrupción nueve gobernadores estadunidenses; los nueve fueron investigados y los nueve detenidos.8La impunidad sólo alimenta la irritación.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa apuntó a otro lugar que la acumulación de agravios impunes ha vuelto también intolerable: es el lugar de la violencia criminal y de la ineficacia o la colusión de autoridades y policías frente al crimen organizado en el gran fresco sangriento de la guerra contra el narco.

Casos como los de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, hechas por el Ejército; las de Tanhuato, imputadas a la Policía Federal; la cuenta de periodistas asesinados desde el año 2000 y, sobre todo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han dado un giro de 180 grados a la percepción pública sobre los responsables de esa violencia.

Ha dejado de ser una violencia de la que se responsabiliza fundamentalmente a los criminales y ha empezado a ser una violencia de la que se responsabiliza principalmente al Estado. De ahí la tormenta nacional e internacional por violación de derechos humanos que se cierne sobre México, que en esta materia vive el peor momento de su joven democracia, sólo comparable a la indeleble mancha de sangre que esparció por el mundo la guerra contra las drogas.

Es imposible que una guerra del tamaño de la vivida por México a partir de 2007, una guerra de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos, no haya dejado en el alma del país un enervamiento irreductible contra la violencia impune, contra la debilidad del Estado y su complicidad, por omisión o comisión, en ese horizonte gigantesco de violaciones de derechos elementales: a la vida, a la seguridad, a la protección de las víctimas y al castigo de los criminales.

La corrupción pública y la impunidad criminal son los grandes surtidores del descontento mexicano. Para esos agravios no tienen respuesta las reformas estructurales hechas por el gobierno. Tampoco las tiene nuestro arreglo democrático frente al rechazo creciente de los ciudadanos a la democracia misma, a los partidos y a los políticos de la llamada partidocracia, capaz de generar un 62% de ciudadanos que se dicen dispuestos a votar por un candidato independiente. El arreglo democrático vigente tampoco alcanza para remediar la baja calidad de los gobiernos. Sólo a un gobierno de muy baja calidad, incluyendo en esto la alta corrupción, se le puede escapar el más célebre y más peligroso de sus presos, como lo hizo Joaquín Guzmán Loera de un penal de máxima seguridad.

El hartazgo por la corrupción, por la violencia, por la partidocracia y por las pifias gubernamentales, es lo que la opinión pública mexicana, una opinión independiente e incensurable, dígase lo que se diga, regurgita cada día.

El enardecimiento que gobierna el momento mexicano nubla el juicio pero también marca un rumbo inequívoco. La agenda urgente de México es la corrupción, la impunidad, la baja calidad de los gobiernos y el desprestigio de los partidos y de la política.

El gobierno debe hacer su camino de regreso de la autonomía ganada a la crediilidad perdida, plantarse frente a su sociedad a explicar y rendir cuentas de sus razones y de sus convicciones para actuar como lo hace, de sus limitaciones y sus errores tanto como de sus propósitos y de sus logros, y abandonar ese talante anestesiado que lo induce a pasar por alto o a atender tarde los escándalos de corrupción y violación de derechos humanos que salen a su paso.

Los problemas que marcan el momento mexicano no son más graves que antes, pero la mirada pública es infinitamente más exigente. Responder a la genuina pasión de honradez, eficacia y justicia que sale a borbotones de su sociedad, le devolverá al gobierno algo más preciado que la rectoría del Estado: la confianza, la credibilidad y el respeto de sus ciudadanos.

Dejar una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>