¿Macri quiere ser progre?

la nueva Corte

Por Daniel V. González.   Pasan los días y la discusión sobre el fallo de la Corte Suprema concediendo la posibilidad del cómputo del 2 x 1 para un condenado por torturas va cobrando volumen.
Digamos las cosas como son.
No se trata de un debate jurídico. De ninguna manera. Lo que se está discutiendo es cómo se resolvió el tema de la violencia de los años 70 y si estamos conformes o no con el status actual.
Hay quienes están satisfechos con la situación a que se ha llegado previa al fallo de la CSJN, que incluye condenas a quienes cometieron delitos, y también detenidos sin proceso, condenados con frágiles pruebas y privados de gozar de prisión domiciliaria pese a tener la edad que les permite hacerse acreedor a ese beneficio. Este es un modo de concebir la justicia para los protagonistas de aquellos años.
Pero hay otros que piensan que esta situación no es justa. Que los guerrilleros fueron grandes responsables de la sangre que corrió en esos años malditos. Que ellos también mataron, asesinaron, destruyeron y que, sin embargo, no han recibido condena alguna sino que, por el contrario, en muchos casos ellos o sus familias han sido indemnizadas incluso en casos tan claros como el del asalto a cuarteles durante el tiempo en que regían las instituciones. Piensan que están detenidos, por ejemplo, militares que han sido héroes en Malvinas y defensores del cuartel de La Tablada, mientras se ha liberado a todos los guerrilleros involucrados en esa acción. Quienes piensan así, entienden que durante todos estos años se ha mirado aquel tramo de nuestro pasado reciente de un modo injusto, condenando atroces crímenes cometidos por los militares pero liberando de culpa, cargo y responsabilidad a los terroristas que contribuyeron a desencadenar esa situación.

Pero si avanzamos un poco más en el grado de sinceramiento de la discusión llegaremos al fondo mismo del debate. Los unos, querrían que en los setenta el bando que resultó derrotado, hubiese resultado triunfador. Los otros, pese a que condenan muchos excesos cometidos en la represión, están conformes con que hayan sido las Fuerzas Armadas quienes resultaron vencedoras. Esta es la cuestión de fondo que no nos atrevemos a discutir con todas las letras.

Pero si avanzamos un poco más en el grado de sinceramiento de la discusión llegaremos al fondo mismo del debate. Los unos, querrían que en los setenta el bando que resultó derrotado, hubiese resultado triunfador. Los otros, pese a que condenan muchos excesos cometidos en la represión, están conformes con que hayan sido las Fuerzas Armadas quienes resultaron vencedoras. Esta es la cuestión de fondo que no nos atrevemos a discutir con todas las letras.
Matar a detenidos indefensos y desarmados es un horror y está condenado por todos los códigos de guerra. Pero esto no es lo que se discute.
Poner bombas y ametrallar dirigentes sindicales, empresarios y políticos no es una acción que pueda defenderse. Pero esto no se condena ni se menciona nunca.
Unas y otras acciones, sin embargo, son aplaudidas por los extremos como una parte necesaria de ese combate horrible.
También existen muchos que buscan un inasible y quimérico “equilibrio” y que condenan los crímenes perpetrados por los militares pero no se atreven a cuestionar con severidad a la guerrilla pues temen ser acusados de ser partidarios de la “teoría de los dos demonios”, sambenito que les resultaría insoportable.
Si seguimos remontando este río de la historia argentina reciente, llegamos al mismísimo instante del golpe militar del 24 de marzo. Y ahí encontramos una realidad que nos horroriza y por eso nunca la mencionamos: el grueso de la sociedad argentina respiró aliviada cuando los militares desplazaron a Isabel Perón y tomaron el poder para poner orden en un país en el que ya era imposible vivir. Hay que repasar los diarios de la época o, los que tienen más años, simplemente recordar el clima de ese tiempo. El gobierno militar contó con grueso apoyo de la población hasta la derrota de Malvinas, cuando todo se derrumbó en pocos meses.
Entonces la sociedad argentina descubrió que los militares, en su lucha contra la guerrilla, cometieron delitos y decidieron juzgarlos y condenarlos porque se excedieron en la represión que tácitamente la propia sociedad les había encomendado. Esta también es una forma de mirar esos hechos.
Está claro que las Fuerzas Armadas ganaron la guerra en el plano militar pero la perdieron en lo cultural. Ahora todos hacen fila para condenar a los militares, mandarlos a prisión hasta que mueran, incluso más allá de lo que pueda decir la letra de la ley.
¿Y cómo reacciona el gobierno con este tema? Sumándose y sometiéndose a la versión
“progresista”: cada día se pronuncia algún dirigente importante en contra del reciente fallo de la Corte Suprema. Primero fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, luego el Jefe de Gabinete Marcos Peña, ahora la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal e incluso el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj ha retocado su posición original para alinearse con el resto del gobierno.Los encuestadores han de haberle llevado al gobierno cifras que aconsejan repudiar el fallo y sumarse al coro general de rechazo.
En las redes sociales y en la percepción cotidiana de estos hechos uno puede encontrar que la posición aconsejada por la corrección política no cuenta para nada con la unanimidad que refleja la dirigencia. No nos engañemos: se trata de un tema que no debate la inmensa mayoría de la población sino al mundillo político, intelectual, a la clase media semi ilustrada y poco más que eso.
Pero el gobierno bien podría haber guardado silencio o haber tenido una actitud más mesurada. Se trata de un fallo sobre un tema asaz controvertido y altamente discutible. El gobierno, ya de campaña, probablemente se equivoque al sumarse a la visión “progresista” de este drama. Es probable que no conquiste ni un solo voto del bando rival. Y puede perder muchos de quienes lo votaron como una esperanza de equilibrio y valentía en un tema desgarrador que nos seguirá ocupando durante varios años más.
Por otra parte hay que decir que esta actitud del gobierno no es aislada sino que forma parte de varias acciones y pronunciamientos en la misma dirección. Vidal se negó a votar una ley provincial que increíblemente obliga, en documentos oficiales, a mencionar el número de 30.000 cuando se hable de los desaparecidos. Hace pocos días cuestionamos que Oscar Aguad aceptara emitir estampillas conmemorativas de la muerte del Che Guevara, a 50 años del acontecimiento. (¿Acaso Macri y Durán Barba imaginan a jóvenes con remeras del Che, votando a Cambiemos?).
Quienes gobiernan ahora, lo sabemos, subestiman las cuestiones ideológicas con el argumento de que “no le interesan a la gente”. Puede coincidirse en que la sobrecarga ideológica en los hechos no es más que una versión del status quo y que lo que verdaderamente interesa son las transformaciones.
Puede afirmarse incluso, como en aquel famoso episodio histórico, que “París bien vale una misa”.
Pero los aprendices de Maquiavelo no suelen terminar bien.

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