La rebelión mapuche cruzó la cordillera

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Por Pascual Albanese. El riesgo de la expansión de una guerrilla indigenista de origen mapuche a ambos lados de la Cordillera de los Andes no es obra de una imaginación calenturienta: las noticias fragmentarias acerca de la repetición en la Patagonia argentina de episodios de violencia que desde hace años son moneda corriente en el sur chileno reflejan la irrupción de un foco de conflicto regional cuya significación no conviene minimizar. Semanas atrás, la presidenta chilena, Michele Bachelet admitió: “Hemos fallado como país, por eso hoy quiero pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que se han cometido o tolerado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”. Esta inédita confesión histórica adquiere mayor valor porque no es protagonizada por un mandatario recién electo. Bachelet está a punto de finalizar su segundo mandato presidencial y la actual coalición gubernamental lleva en el poder veintitrés de los veintisiete años transcurridos desde la restauración de la democracia en 1990.

Resulta sugestivo que recién ahora Bachelet anuncie el Plan Araucanía, que tiene como base el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, encabezada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, cuyos lineamientos contemplan las reivindicaciones de las organizaciones tradicionales de las comunidades indígenas, desafiadas por la irrupción de grupos más radicalizados, partidarios de la creación de un estado independiente asentado en el sur de Chile y la Patagonia argentina.

Entre sus puntos fundamentales, el plan Araucanía incluye el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la representación especial de las comunidades aborígenes en el Congreso Nacional, la creación de un ministerio de asuntos indígenas y de una comisión nacional de tierras indígenas y la puesta en marcha de un programa de fortalecimientos de las organizaciones sociales y los emprendimientos productivos de la etnia mapuche.

La oposición trasandina sospecha que Bachelet lanzó este plan extremadamente ambicioso, cuya implementación integral requeriría una previa reforma constitucional, a fin de trasladar una “papa caliente” al expresidente Sebastián Piñeira (su antecesor en el cargo), actual candidato conservador y favorito en las elecciones de este año.

Un conflicto histórico

Si bien la etnia mapuche ha quedado reducida a una población de 700.000 personas entre los 17 millones de habitantes de Chile, el peso histórico de este conflicto secular le otorga una honda vigencia política.

Los mapuches presentaron una feroz resistencia a los conquistadores españoles, que se vieron obligados a suscribir un pacto que les reconocía el ejercicio de su autogobierno al sur del río Biobío.

Ese dominio territorial recién fue alterado por la ocupación del Ejército chileno, en una prolongada campaña entre 1861 y 1883, equivalente a la Campaña del Desierto liderada en la Argentina por el general Julio A. Roca en 1879.

Desde entonces, con mayor o menor intensidad según los tiempos políticos, los mapuches hicieron oír sus reivindicaciones ancestrales. Un conjunto de organizaciones indígenas asumieron su representación y negociaron con los sucesivos gobiernos. Al mismo tiempo, diversos grupos realizaron ocupaciones de tierras, en muchos casos reprimidas y en otros legalizadas luego por el Estado, sobre todo durante el derrocado gobierno socialista de Salvador Allende.

La coordinadora Arauco Malleco (CAM) asumió el liderazgo de esa lucha y le imprimió un sesgo abiertamente beligerante, que incluyó desde el empleo de la violencia contra los propietarios de tierras que eran ocupadas por contingentes indígenas hasta incendios forestales en las plantaciones de empresas extranjeras.

En la mitología mapuche, el reino de Araucanía abarca a la Patagonia argentina. Los registros históricos desmienten esa pretensión. La instalación de los mapuches en territorio argentino es posterior a la Revolución de Mayo y a la independencia de Chile. Comenzó precisamente con el avance de las tropas patriotas sobre el sur chileno, que puso fin a aquel régimen de autonomía pactado por las tribus mapuches con la Corona española. Algunas comunidades indígenas, que habían colaborado con los realistas, cruzaron entonces la Cordillera para asentarse libremente en el desierto patagónico. Pero las mitologías suelen desafiar a la historia. Por eso no puede sorprender la aparición de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización extremista de carácter binacional con página en Facebook (“XaipeAntileo”), fundada en 2013 por Facundo Jones Huala, un extravagante personaje de nacionalidad argentina, nacido en Bariloche, hijo de un granjero inglés casado con una indígena, preso en Chubut, con pedido de extradición de la justicia chilena, quien comparte abogada defensora con Milagro Sala. La RAM hizo una formal “declaración de guerra” contra Chile y la Argentina.

Sugestivamente, esta reivindicación indigenista en la Patagonia argentina tiene una base de operaciones en Gran Bretaña. En la ciudad portuaria de Bristol funciona Mapuche Internacional Link (MIL), que denuncia internacionalmente el “genocidio” practicado por los estados de Chile y Argentina y asocia la causa mapuche con las reivindicaciones independentistas de los vascos y los kurdos.

En un mapa difundido por la organización, las islas Malvinas figuran como parte del territorio mapuche.

La RAM es una organización ultraminoritaria dentro de la multifacética comunidad mapuche, como fue la ETA entre los vascos o Al Qaeda e ISIS en el mundo islámico, pero su amenaza no debería ser subestimada.

 

 

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