Intervención

rajoy155

 

Por Manuel Castells (La Vanguardia).   Mientras usted lee estas líneas el Consejo de Ministros ultima los detalles para la intervención de la autonomía de Catalunya mediante el artículo 155 de la Constitución, previa tramitación en el Senado. Posiblemente, el Parlament responderá con la DUI. Se abre así un periodo de incertidumbre de consecuencias imprevisibles pero ciertamente dañinas para la convivencia ciudadana. De nada han servido las llamadas al diálogo porque de lo que se trata es de aceptar o no la posibilidad de un referéndum legal mediante el cual los catalanes decidan su pertenencia institucional. Es vano invocar la legalidad constitucional cuando la cuestión es el no reconocimiento de esa Constitución por una parte sustancial de la ciudadanía de Catalunya. Porque las constituciones no pueden aherrojar la realidad social. El texto que en 1978 recibió un consenso condicionado por los poderes fácticos heredados de la dictadura fue desbordado en la conciencia de las nuevas generaciones catalanas que crecieron en un clima de libertad en que los desacuerdos se resuelven democráticamente. Y en otras latitudes democráticas, Quebec y Escocia entre otros, los referendos sirven para ajustar ley y realidad. Tres cuartas partes de los catalanes querían votar. Y según las encuestas hubiera ganado el no a la independencia. Pero el esencialismo nacionalista español bloqueó las salidas democráticas a un conflicto que se ha ido envenenando.

La cuestión es que ahora la represión policial judicializada es más problemática para el Estado después del 1 de octubre. Porque las imágenes de violencia policial han escandalizado a la opinión internacional y han motivado a líderes europeos a recomendar diálogo, tras la fachada de apoyo a su socio. Tusk ve la situación “preocupante”, pero la Unión no puede intervenir en la intervención. Aun así, la imagen de Europa como ejemplo democrático podría verse afectada por apoyar decisiones autoritarias sin considerar la sustancia política del conflicto. Hay además otro límite importante a la intervención de la autonomía: la posición de apoyo condicional del PSOE. Aunque en Catalunya los socialistas están siendo denostados por sumarse a la aplicación del 155, su apoyo está acotado por el reconocimiento de la realidad nacional de Catalunya. Y para Rajoy es indispensable el apoyo del PSOE por una cuestión estratégica de política española que va más allá de la cuestión catalana. El proyecto político de las élites financieras y políticas de España sigue siendo una gran coalición que estabilice su dominación, es decir, la alianza de PP/Ciudadanos con el PSOE. Ese proyecto se debilitó por la reacción de las bases socialistas y la reelección de Pedro Sánchez. Se abrió así la posibilidad de una alternativa de izquierda al Gobierno del PP una vez que PSOE y Podemos y sus confluencias aceptaron que su alianza era condición indispensable para esa alternativa.

La crisis con Catalunya ha permitido a Rajoy introducir una cuña casi insalvable entre PSOE, por un lado, y Podemos, sus confluencias y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos por otro lado. Porque aunque Podemos o los comunes en Catalunya no están a favor de la indepen­dencia, sí están por un referéndum legal que resuelva el conflicto ­democráticamente. Un referéndum en el que al menos Pablo Iglesias, según dice, haría campaña por el no. Esta es una posición de principio que el PSOE no puede aceptar porque viene lastrado por el nacionalismo español de sus líderes históricos y por la resistencia de autonomías socialistas temerosas de perder recursos si hay concesiones a Catalunya. La jugada le sale redonda a Rajoy: se presenta como paladín de España, aísla a Podemos y reconstruye un frente constitucional dominado por la derecha.

El dilema del Gobierno es cómo derrotar al independentismo de la forma menos cruenta posible. Por un lado, cuenta con fiscales y jueces que, simplemente aplicando el marco constitucional de forma estricta, van cercando y castigando a lo que ya se está tipificando como sedición, grave acusación. Por otro lado, la deslocalización en masa de las sedes de empresas (casi un millar y sigue), como reacción a la incertidumbre institucional, está dañando gravemente la credibilidad económica de una Catalunya independiente. En ese contexto el objetivo del Gobierno, y del PSOE, es forzar nuevas elecciones autonómicas. De la mano de Puigdemont o por la vía del 155. Esperan que se haya creado suficiente miedo e incertidumbre para una derrota electoral del independentismo que permita un Govern catalán con el que se negocie una nueva autonomía, incluyendo una futura reforma constitucional descafeinada. Así todo volvería a su cauce.

Esta estrategia de desactivación gradual del independentismo, por cansancio, aislamiento y represión, tiene serios obstáculos. Sigue ignorando que se trata de un movimiento social que se puede activar y ampliar sin líderes y sin instituciones. Al contrario, cuanto más se intervengan las instituciones, más protagonismo tendrá la sociedad civil y más diversas serán las formas de resistencia. Y cuanta más represión se perciba, más indignación se genera y más movilización se activa. Por otro lado, el Parlament se asume como legítimo y repre­sentativo y por tanto Puigdemont no puede convocar elecciones a menos que sean con el entendido de que si gana una mayoría independentista es para organizar un referéndum legal. Vuelta a empezar. Y aun en el caso de que el Gobierno intervenga la autonomía y convoque elecciones, al ser impuestas no contarían con la participación de los partidos opuestos a la intervención, o sea Junts pel Sí, la CUP y Comuns, que representan a la mayoría del electorado. El 155 no es la salida de la crisis, sino su profundización y su extensión en el tiempo, mientras se fracturan Catalu- nya y España y resurge el neofalangismo. La alternativa es simple: o estado de excepción permanente en Catalunya, aún no declarado, o diálogo sin con­diciones previas entre el nacionalismo catalán y el español.

 

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