Los consensos se forjan discutiendo

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Por Jorge Raventós.   Mauricio Macri quiere golpear sobre caliente. Apenas la sociedad asimiló la dimensión del triunfo  electoral de Cambiemos (y la oposición contabilizó sus bajas y mensuró su repliegue), el  Presidente  comenzó a dar una vuelta de tuerca: lanzó una convocatoria a acordar  “consensos básicos”,  formuló los primeros rasgos desarrollados  de un programa y  desplegó  líneas de un relato propio, basado en una, digamos, teoría (“la reforma permanente”,   un placebo insípido que evoca la “revolución permanente” de León Trotsky  y procura confirmar la conjetura de Jaime Durán Barba de que  “el Pro es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”). Esa visión propone un “sujeto histórico”  que no es ni  un partido político ni una clase social, sino “nuestra generación” ; y tiene una meta  movilizadora  o, si se quiere, una utopía:  “cambiar la Argentina para siempre”.  Lo formuló Macri el lunes último en el CCK y lo repiten  sin cesar sus  voceros:  ”somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”.

El Presidente habló el lunes  ante gobernadores, sindicalistas, empresarios y líderes judiciales y legislativos;  el  sector parlamentario que responde a Cristina Kirchner fue el único que decidió rechazar la invitación y autoexcluirse.  Los que  sí asistieron dibujan el croquis  del nuevo sistema político y la base de  las nuevas discusiones y consensos.

“Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”, señaló Macri.  Los aplausos  que cerraron su discurso  probablemente  disimulan el hecho de que la mayoría de los presentes considera que  el verbo ceder  debería ser conjugado principalmente por  los otros.

La propuesta  de Macri, aunque elocuente, se mantuvo en  el plano de  las prescripciones generales,  encarnadas  en algunos ejemplos fuertes  sobre  temas a modificar enérgicamente  (por caso,  cuando cuestionó el número de empleados de la Biblioteca del Congreso o la cantidad de empleados  asignados a  legisladores en algunas provincias). 

Los consensos  que el  Ejecutivo motoriza  ahora tienen fundamentalmente que ver con  el recorte del  gasto público, empezando por  los rubros más arbitrarios e improductivos, así como con  la disminución de las cargas  que afectan la competitividad de las empresas.  La excesiva carga fiscal   motoriza  el crecimiento de la economía en negro y desalienta la inversión.

Si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son “los que tienen más poder”, cuando su mensaje  comenzó a desagregarse y desarrollarse a través de ministros, funcionarios y voceros formales e informales, quedó claro que  la principal  fuente de disminución  del gasto fiscal a la que apunta el gobierno  es el sistema  jubilatorio. Una  fuerte expectativa de ahorro  (100.000 millones  de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el  criterio de movilidad de los haberes jubilatorios.

En el año 2008  se estableció (por Ley 26.417) la fórmula de actualización de haberes  que está en vigencia: dos veces al año ( en marzo y septiembre) se incrementan los ingresos de jubilados y  pensionados, así como las asignaciones familiares y  la APH,  de acuerdo a una combinación entre la evolución de los recursos tributarios de Anses y la de los salarios.  Independiente de la variable inflación, el criterio hoy vigente  puede resultar en un retraso de los haberes si los precios aumentan  más que el índice o en una recuperación cuando la inflación desciende.  

En el balance de los últimos dos años, los ingresos jubilatorios registran un retraso  de 6 por ciento en relación con los niveles de 2015. Como la inflación está  cayendo en estos meses,  si el  criterio actual se mantuviera  los jubilados podrían recuperar en 2018 ese rezago. Sin embargo,  el ahorro de 100.000 millones que el gobierno quiere producir  en este rubro implica cambiar la fórmula actual por otra de  aplicación trimestral basada en la tasa de inflación del período (que, como se señaló, está a la baja). El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno  se produciría a costa de los jubilados y pensionados. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo “los que tienen poder”.

La propuesta en este punto  implica, para los jubilados,  retroceder y congelar la situación en  el  retroceso.  Los ingresos de los jubilados quizás no perderían  en relación con la inflación, pero seguirían  distanciados de los niveles salariales de los activos, lejos del principio del 82 por ciento móvil.

Por cierto, este tema  debe pasar por el  tira y afloja de la discusión parlamentaria y, en general, de las negociaciones que  suponen “los consensos básicos”  propuestos por el gobierno.

Los consensos se forjan discutiendo.

 

 

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