La justicia como espectáculo y los consensos básicos

Boudou preso 

Por Jorge Raventos.   ¿Quién filmó y filtró a los canales de noticias las imágenes de un Amado Boudou lagañoso, desgreñado y descalzo escuchando el  largo fraseo de un funcionario judicial en la antesala de su detención?

Pocos dudan de que el ex vicepresidente, valido de la señora de Kirchner, hace tiempo que no genera simpatía pública precisamente; la Justicia tiene mucha prueba acumulada contra él en distintas causas y, aunque no ha sido condenado aún, probablemente lo será cuando los procesos lleguen a ese punto. Pero, como escribió el sábado Carlos Raymundo Roberts en La Nación,    “nadie, tampoco  él, se merece semejante humillación” como la que  suscitó el show de su apresamiento preventivo y la inmediata divulgación de las imágenes.

Caso Boudou y tensión con los jueces

La detención  no tomó totalmente de sorpresa a la Casa Rosada, alertada por la ministra de Seguridad, que  debía proveer los efectivos para ejecutar la orden del juez Ariel Lijo. Pero  desde esa sede  se procuró  destacar que  el magistrado había actuado en ejercicio de su plena independencia (es decir, por las suyas) e incluso que había “sobreactuado”.

En rigor, las relaciones  entre el Ejecutivo y el Poder Judicial  (o, más específicamente, el  Presidente de la Corte y un grupo de jueces federales) no  atraviesan tiempos sosegados. El  presidente Macri  dedicó algunas frases  de su discurso del lunes  30 de octubre  a azuzar a la administración judicial (le reclamó que controle el gasto y los recursos, que “ modernice sus procesos para dar un servicio ágil y transparente” y que “dé el ejemplo”).  Coincidentemente algunos medios  recibieron información sobre  jubilaciones de magistrados (el ex miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni  recibe casi 400.000 pesos mensuales por ese concepto) y recordaron que  los jueces no pagan impuesto a las ganancias.

En la misma semana, el ministro del ramo, Germán Garavano, insistió ante  Ricardo Lorenzetti  ”la cantidad y calidad de delitos que enfrentamos supera largamente la organización del juzgado tradicional (…)seguimos trabajando en el modelo colonial (…)leemos un expediente judicial como hace 200 años (…)tenemos que replantear la forma en que trabajamos en la Justicia”.

La ofensiva de Garavano ocurrió en un  acto organizado por AJUFE, la asociación de jueces federales que preside Ariel Lijo, el magistrado que unos días después sería  oblicuamente responsabilizado por “sobreactuar” en el  caso Boudou.

Justicia y equilibrio

Las expectativas del gobierno en relación con  los casos de corrupción que pesan sobre el la gestión anterior  residen en  que los procesos avancen, no en que se precipiten. Los estrategas  comunicacionales  de la Casa Rosada  quieren que se note que “hay Justicia”, pero temen al mismo tiempo  que  una aceleración desmedida sea contraproducente y que  las  vaticinables condenas puedan  imputarse a la presión política o a alguna variante vengativa.  De hecho, la señora de Kirchner adjudicó el apresamiento de  su  ex escolta a un “plan de disciplinamiento social”  de Macri.

Hay  otros temores oficiales:  uno es que el repentino ímpetu judicial  sea  considerado una manifestación de descontrol e imprevisibilidad (figuras que a veces  son definidas como inseguridad jurídica)  y que eso redunde en un obstáculoadicional  a la captación de inversiones.

Por otra parte, en la Casa Rosada registran  la preocupación de sectores  en principio afines. El  director de cine Juan José Campanella  alentó, por caso, la lectura de una nota del periodista  Ernesto Tenenbaum, quien  escribió el viernes: “Puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito: desde ahora, podrán detener a quienes quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es Boudou. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? ¿Y entonces? ¿Quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué, en lugar de celebrar, tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar?”.

Tenembaun enumera  un listado de detenidos que fueron funcionarios  o políticos K  (Milagro Sala, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Víctor Manzanares, José María Núñez Carmona, César Milani, Claudio “Mono” Minnicelli, José López, Armando Pérez Gadín, Omar “El Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina) y señala: “Existen algunos puntos problemáticos. El primero de ellos es que todas estas personas detenidas, de acuerdo con la ley, son inocentes. Es probable que, si el proceso contra ellas continúa, dejen de serlo. Pero para eso se requiere una condena. La libertad de un ser humano es un valor central para cualquier democracia. Por eso, su detención solo debe ser producto de una condena de un tribunal colegiado, y solo en casos muy excepcionales, producirse en etapas preliminares de un proceso”.

En rigor, el  fenómeno había empezado  mucho antes de que Tenembaum lo advirtiera; bajo el gobierno K  la Justicia prolongó la prisión de militares sin condena o denegó la prisión domiciliaria a otros, mayores de 75 años. Elisa Carrió, ya fuera  de la campaña electoral, advirtió, extemporánea pero  franca en este punto,  que “no responde al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria”. En su momento Carrió  se rebeló contra  el deseo del Presidente de  impulsar el cese de la Procuradora  Gils Carbó por una norma ad hominem,  provocando una demora que  se salvó con la renuncia, digamos,  voluntaria de la interesada. En cuanto al show de la detención  de Boudou, la  líder de la Coalición Cívica hizo equilibrio entre la cautela de la Casa Rosada y las expectativas de sus fans:  colgó en Twitter una frase si se quiere irónica para la circunstancia: “¡Viva la República!”.

La advertencia de De Vido

En la misma semana de la detención de Boudou, Julio De Vido tuvo tiempo de  escribir una carta obviamente desilusionada y quejosa desde el Hospital  de la cárcel de Ezeiza. El ex ministro  está resentido con los diputados  que permitieron su desafuero sin siquiera  bajar al recinto para  esbozar una defensa. Pero más resentido está con la señora de Kirchner. En ese sentido, hay un párrafo de su carta que no fue suficientemente  observado por los comentaristas.

“”Días anteriores a mi arbitraria e ilegal detención ocurrió algo que tuvo una influencia en los medios y en el Congreso. Fue cuando alguien dijo, al ser consultado de mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar; demasiado explícito”.

Se refiere claro, a una declaración de la expresidente, que  textualmente dijo: “”No pongo las manos en el fuego ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos”.

Desde el penal, De Vido acotó entonces en su misiva: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el  fuego y no se queme”.

Advertencia o diagnóstico, la frase  del  exministro  puede, en más de un sentido, ser  homologada a una amenaza.

“La reforma permanente”

Más allá de  hechos que ocurren  más allá de su jurisdicción, Mauricio Macri se muestra decidido a  golpear sobre caliente. Apenas la sociedad asimiló la dimensión del triunfo  electoral de Cambiemos (y mientras la oposición contabiliza sus bajas y mensura su repliegue), el  Presidente  comenzó a dar una vuelta de tuerca: lanzó una convocatoria a acordar  “consensos básicos”,  formuló los primeros rasgos desarrollados  de un programa y  desplegó  líneas de un relato propio, basado en una, digamos, teoría (“la reforma permanente”,   un placebo insípido que evoca la “revolución permanente” de León Trotsky  y quizás procura confirmar la conjetura de Jaime Durán Barba de que  “el Pro es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”). Esa visión propone un “sujeto histórico”  que no es ni  un partido político ni una clase social, sino “nuestra generación” ; y tiene una meta  movilizadora  o, si se quiere, una utopía:  “cambiar la Argentina para siempre”.  Lo formuló Macri el lunes último en el CCK y lo repiten  sin cesar sus  voceros:   ”somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”.

El Presidente habló el último  lunes de octubre   ante gobernadores, sindicalistas, empresarios y líderes judiciales y legislativos;  el  sector parlamentario que responde a Cristina Kirchner fue el único que decidió rechazar la invitación y autoexcluirse.  Los que  sí asistieron dibujan el croquis  del nuevo sistema político y la base de  las nuevas discusiones y consensos.

“Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”, señaló Macri.  Los aplausos  que cerraron su discurso  probablemente  disimulan el hecho de que la mayoría de los presentes considera que  el verbo ceder  debería ser conjugado principalmente por  los otros.

La propuesta  de Macri, aunque elocuente, se mantuvo en  el plano de  las prescripciones generales,  encarnadas  en algunos ejemplos fuertes  sobre  temas a modificar enérgicamente  (por caso,  cuando cuestionó el número de empleados de la Biblioteca del Congreso, la cantidad de empleados  asignados a  legisladores en algunas provincias o las ya mencionadas objeciones a la administración judicial).  Habrá que ver si  el ofrecimiento está abierto a correcciones  e iniciativas ajenas.

Los consensos  que el  Ejecutivo motoriza  ahora tienen fundamentalmente que ver con  el recorte del  gasto público, empezando por  los rubros más arbitrarios e improductivos, así como con  la disminución de las cargas  que afectan la competitividad de las empresas.  La excesiva carga fiscal   motoriza  el crecimiento de la economía en negro y desalienta la inversión.

Controversia sobre jubilaciones

Si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son “los que tienen más poder”, cuando su mensaje  comenzó a desagregarse y desarrollarse a través de ministros, funcionarios y voceros formales e informales, quedó claro que  la principal  fuente de disminución  del gasto fiscal a la que apunta el gobierno  es el sistema  jubilatorio. Una  fuerte expectativa de ahorro  (100.000 millones  de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el  criterio de movilidad de los haberes jubilatorios.

En el año 2008  se estableció (por Ley 26.417) la fórmula de actualización de haberes  que está en vigencia: dos veces al año ( en marzo y septiembre) se incrementan los ingresos de jubilados y  pensionados, así como las asignaciones familiares y  la APH,  de acuerdo a una combinación entre la evolución de los recursos tributarios de Anses y la de los salarios.  Independiente de la variable inflación, el criterio hoy vigente  puede resultar en un retraso de los haberes si los precios aumentan  más que el índice o en una recuperación cuando la inflación desciende.  

En el balance de los últimos dos años, los ingresos jubilatorios registran un retraso  de 6 por ciento en relación con los niveles de 2015. Como la inflación está  cayendo en estos meses,  si el  criterio actual se mantuviera  los jubilados podrían recuperar en 2018 ese rezago. Sin embargo,  el ahorro de 100.000 millones que el gobierno quiere producir  en este rubro implica cambiar la fórmula actual por otra de  aplicación trimestral basada en la tasa de inflación del período (que, como se señaló, está a la baja). El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno  se produciría a costa de los jubilados y pensionados. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo “los que tienen poder”.

La propuesta en este punto  implica, para los jubilados,  retroceder y congelar la situación en  el  retroceso.  Los ingresos de los jubilados quizás no perderían  en relación con la inflación, pero seguirían  distanciados de los niveles salariales de los activos, lejos del principio del 82 por ciento móvil.

Por cierto, este tema, igual que otros como aspectos de la reforma laboral o algunos incrementos  impositivos que afectan a economías regionales,   debe pasar por el  tira y afloja de la discusión parlamentaria y, en general, de las negociaciones que  suponen “los consensos básicos”  propuestos por el gobierno.

Los consensos se forjan discutiendo.

                                                                                                    

 

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