Reformas, Justicia y deconstrucción K

jueces daumier

Por Jorge Raventós.   Las reformas  que el gobierno  impulsa, aunque trabajosamente, avanzan, asimilando  los recortes  impuestos por el trapicheo con gobernadores, con líderes sindicales  y con empresarios  que resisten  cargas impositivas o caída de protecciones. Una vez   suficientemente acordado el paquete , la formalización quedará a cargo de  las Cámaras  que, se supone, a esa hora ya tendrán garantizadas las mayorías  dispuestas a –por acción, abstención u oposición contenida-  convertirlo en leyes.

 Los negociadores oficiales  están dispuestos a  hacer concesiones  (de hecho, ya  han cedido  bastante, particularmente  ante los gremios), pero hay algo que no consentirán  modificar:  la reforma  del sistema de actualización de los haberes jubilatorios  (que se aplica también a subsidios sociales).

Esta es la clave de la bóveda  de las reformas: reduce el aumento  de los trabajadores  pasivos y congela en términos reales sus ingresos (que se actualizarán en términos nominales cada tres meses, no de acuerdo al índice de la canasta de jubilados, sino al generalmente inferior  del  incremento general  de precios).  Por la vía de ese recorte previsional y de subsidios sociales, el Estado espera ahorrar más de 100.000 millones de pesos,  una suma que permitirá compensar a  la provincia de Buenos Aires  (recibirá casi la mitad de ese monto por sus reclamos referidos al  Fondo del Conurbano) sin afectar a las restantes provincias,  a las que, por otra parte,  se les repara el abandono  progresivo del  gravamen a los ingresos brutos.

 En una situación en la que cada cual atiende su juegp, sin duda facilita las reformas oficiales  el hecho de que  a la mesa de los acuerdos no esté  sentada ninguna representación  sólida de los jubilados. Se aplica  el dicho: el que no llora, no mama.

También ayuda a asordinar el incómodo ajuste previsional  el ruido que se desprende de la  deconstrucción  del  cristinismo. Una  oleada epistolar, condimentada con  expresiones en redes sociales y declaraciones  pone de manifiesto la  rápida fragmentación  del liderazgo de la señora de Kirchner,  imputada por  varios de quienes fueron sus acendrados y notorios fieles de abandonar a su suerte a “leales que están presos por leales”.  Aníbal Fernández y Luis D’Elía, tal vez anticipándose a avatares propios,  se quejaron  de que la Señora dejara en banda  a Julio De Vido y a Amado Boudou.

De Vido se había expresado por carta propia y por voz de su esposa.  Alessandra Minnicelli, quien  se quejó de que la expresidente “ ha tenido un gesto bastante inhumano hacia  mi familia”. Se refería,  claro, a una declaración de CFK, que  textualmente dijo: “”No pongo las manos en el fuego ni  por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos”.

Desde la  forzada calma del penal  donde aguarda ser juzgado, De Vido  había respondido a esa frase con otra muy  intencionada: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el  fuego y no se queme”.  Un mensaje de  familia a familia.

Se trata de signos de dispersión que hay que ubicar en un contexto en el que el  peronismo  poskirchnerista  busca su propio destino,  trata de reubicarse  mirando al futuro y de despegarse de personajes y procedimientos  “piantavotos”, es decir, cuestionados por la opinión pública.

La Justicia suma su propio escenario y su súbito vértigo a ese contexto. No siempre con la  alegría del gobierno. En rigor, las relaciones  entre el Ejecutivo y el Poder Judicial   no  atraviesan tiempos sosegados.

Las expectativas del gobierno en relación con  los casos de corrupción que pesan sobre  la gestión anterior  residen en  que los procesos avancen, no en que se precipiten. Los estrategas  comunicacionales  de la Casa Rosada  quieren que se note que “hay Justicia” pero temen al mismo tiempo  que  una aceleración desmedida sea contraproducente y que  las  vaticinables condenas puedan  imputarse a la presión política o a alguna variante vengativa.  De hecho,  así sea tardíamente, la señora de Kirchner adjudicó el apresamiento de  Boudou y De Vido a un “plan de disciplinamiento social”  de Macri.

Hay  otros temores oficiales. Por ejemplo, que el repentino ímpetu judicial  sea  considerado una manifestación de descontrol e imprevisibilidad (figuras que a veces  son definidas como inseguridad jurídica)  y que eso redunde en un obstáculo adicional  a la captación de inversiones. Además, existe el riesgo de que  los procedimientos que hoy se emplean sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez  Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o a amigos del poder.

El ruido judicial, que para el oficialismo hoy tiene su utilidad en algunos aspectos, puede en otras circunstancias  ser contraproducente.

 

 

 

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