Reforma previsional: El oficialismo fue por todo y volvió trasquilado

jubilaciones

Por Jorge Raventós

 

El oficialismo rifó esta semana  muchos rasgos de personalidad que forjó a lo largo de una paciente trayectoria. “Y lo peor de todo, sin necesidad”, para usar la línea de Carriego.

 

La imagen del Congreso rodeado por centenares de efectivos de seguridad cuando estaba por discutirse la llamada “reforma previsional” (en rigor, poco más que un cambio en el criterio de actualización de las jubilaciones) fue, si se quiere, “muy poco Pro”. O muy poco Cambiemos, que es una reencarnación suigeneris.

 

En tiempos en que se proclama el gradualismo, el gobierno quiso cambiar el paso para aprobar una ley de reforma que notoriamente no contaba con consensos suficientes. Forzó para eso la fecha de tratamiento del proyecto (que ya venía con el voto de la Cámara Alta) y, en lugar de aguardar, como estaba acordado, hasta la próxima semana, lo incluyó para el jueves 14, con la cobertura reglamentaria de una sesión especial.  Lo hizo estimulado por  el  favorable  paso del proyecto por la comisión respectiva, pero la prisa le hizo desperdiciar una semana de oportunidad para  ampliar los consensos.

 

Desde el inicio estaba claro que el proyecto tenía un punto vulnerable. En esta columna se puntualizó a principios de noviembre que “si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son los que tienen más poder, cuando su mensaje  comenzó a desagregarse y desarrollarse a través de ministros, funcionarios y voceros formales e informales, quedó claro que  la principal  fuente de disminución  del gasto fiscal a la que apunta el gobierno  es el sistema  jubilatorio. Una  fuerte expectativa de ahorro  (100.000 millones  de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el  criterio de movilidad de los haberes jubilatorios (…)El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno  se produciría a costa de jubilados, pensionados y subsidios sociales. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo los que tienen poder”.

 

Según destacados especialistas, la nueva fórmula de actualización que  impondría el proyecto de ley le ocasionaría a un jubilado que gane el haber promedio (10.000 pesos por mes), una pérdida anual de 6.000 pesos en 2018, por comparación con lo que cobraría  con la fórmula actual.

 

La enorme y pacífica manifestación de las organizaciones sociales que tuvo  lugar el miércoles 13 debió haber constituido una señal de alarma para el gobierno. Después de esa clara demostración de oposición a la reforma, cualquier mirada políticamente sensible podía comprender que  no alcanzaría el acuerdo del Poder Ejecutivo con los gobernadores para asegurar la aprobación del proyecto.  El protagonismo social  estaba  enviando un mensaje inequívoco a los representantes para que no dejaran pasar la reforma sin modificaciones importantes.

 

El mismo mensaje llegaba desde otros orígenes que no podían ser confundidos con  intenciones facciosas. La Iglesia cordobesa, por caso, pidió a los diputados de la provincia que no votaran la reforma. El prestigioso jurista  Daniel Sabsay  objetó la constitucionalidad de la norma, que  modificaba derechos retroactivamente.

 

El  gobierno se miró excesivamente el ombligo. Pasar el proyecto por la Comisión de diputados fue un triunfo sobrevalorado. Más significativo fue, en cambio, el logro de disciplinar a Elisa Carrió que, intuitivamente, había prometido no respaldar una medida que perjudicara a los jubilados pero que, finalmente, retrocedió, aparentemente convencida por  un escrito del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Con la obediencia de la Coalición Cívica garantizada,  el oficialismo  decidió “ir por todo”  y aprobar la ley el jueves 14.

 

Pero el jueves la situación era distinta.  Era previsible que la oposición dura –kirchnerismo, izquierda- tratara de capitalizar la atmósfera, ahora recalentada por la demostración de las organizaciones sociales. Pero eso no hubiera sido determinante. Lo relevante era que el peronismo constructivo  había comprendido que hay límites sociales que no podían violarse. Aunque los gobernadores hubieran aceptado pagar ese precio a cambio  de una reforma fiscal que las provincias consideran favorable, la sociedad y el propio movimiento obrero peronista resistían la ley tal como estaba.

 

Ese cambio de atmósfera determinó que el oficialismo tuviera dificultades para lograr el quórum: el clima externo se transmitió al recinto de la Cámara. En algunos casos, de modo descomedido y desaforado.

 

En rigor, es probable que haya habido una mezcla de obcecación e ingenuidad en el oficialismo: ingenuidad, por no imaginar que los sectores más intransigentes de la Cámara iban a tratar a cualquier costo de sacar partido de sus debilidades. Y llegar con un quórum insuficiente era una debilidad extrema.

 

Obcecación: por no haber buscado a través de oportunas modificaciones del proyecto una  ampliación del consenso, que habría  dado satisfacciones a la oposición constructiva, hubiera garantizado un quórum amplio y hubiera neutralizado cualquier  intención facciosa .

 

El resultado fue que el oficialismo debió dar marcha atrás: decidió suspender la sesión (¿lo hubiera hecho si, con todo el gasto político insumido, hubiese tenido efectivamente el quórum, como alegaron algunos de sus voceros?). La prudencia no exime del fracaso.

 

La marcha atrás incluyó otros elementos: la doctora Carrió rompió (tardíamente)  el consenso del oficialismo y señaló que su partido propone “un agregado”  al proyecto, con algún tipo de compensación, quizás una fórmula de empalme entre el sistema que incluye el  proyecto y el que está actualmente en vigencia.

 

¿Valía le pena llegar al precio que se ha pagado por no haber dialogado y accedido oportunamente a un acuerdo de esa naturaleza?  Carrió  seguramente sacará en conclusión que su desobediencia anterior era más lùcida que la  disciplina  sorda  al  ruido de la calle.

 

Con la platea de fondo de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, el gobierno, quiso ir por todo y con su obstinación insensible le entregó el escenario a quienes tienen más experiencia en esa conducta. Las imágenes y los hechos de ayer golpean  la paciente  edificación gradualista y dialoguista de la que  el gobierno venía  jactándose.

 

Si el miércoles podía suponerse que, más allá de las turbulencias de tránsito, se llegaba a fines de año en un ámbito de marchas y reclamos que no excluían la tranquilidad social, la sesión  de Diputados del jueves  provocaría una conclusión diferente.

 

El  balance que intentó  el jefe de gabinete  a mediados de la tarde de ayer no mejoró  los resultados.  Su respuesta  fue  el intento de reiterar los términos  que ya  habían perdido en  las horas anteriores y  frustrado la intención reformista,  culpando por esa desdicha a los conocidos de siempre.

 

Las preguntas que debió haber contestado el funcionario  son otras:  quién y cómo  le hizo el campo orégano a  esos sectores, por qué  no se intentó ampliar los consensos en el campo parlamentario (no sólo entre el Ejecutivo nacional y los ejecutivos provinciales). Y qué pasos hay que dar para salir de  este pequeño Waterloo, recomponer esta reforma y salvar la reforma fiscal.

 

Las danzas y contradanzas alrededor de un decreto de necesidad y urgencia (firma, trascendido periodístico, tweet de Carrió tomando distancia, marcha atrás de la Casa Rosada, trascendido de que se lo conserva “en reserva”) ha sido otro daño autoinfligido. El intento de un gesto de autoridad cuando no se necesitan gestos, sino actos.

 

En ocasiones anteriores el gobierno se envaneció de su capacidad de autocrítica. Es tiempo de volver a ponerla en práctica.

 

 

 

 

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