México, elecciones y efecto Trump

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Por Pascual Albanese.   A pocas semanas de las decisivas elecciones presidenciales del 1 de julio, un grupo de empresarios mexicanos gestionó ante el presidente Enrique Peña Nieto su aval a una jugada de último momento, consistente en retirar la nominación del candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade en beneficio de su competidor del centroderechista Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, para impedir el triunfo del postulante izquierdista Andrés López Obrador, a quien las encuestas ubican como seguro ganador de la contienda.

López Obrador dio el nombre y apellido de cinco empresarios importantes, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que estarían al frente de esa maniobra.

El propio Javier Lozano, vocero del candidato oficialista, declaró la existencia de una presión empresarial para que su candidato declinara su postulación para apoyar a Anaya.

El coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, emitió un desmentido que sonó a confirmación de la especie, porque admitió que “cada quién va definiéndose a favor de la candidatura que prefiere o que es más viable. La contienda ya es entre dos: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

La gente está viendo que el único que le puede ganar a Andrés Manuel es Ricardo Anaya.

Para el “establishment” azteca, que en su campaña contra López Obrador agita el fantasma del “chavismo”, la situación volvió a poner de relieve un antiguo desfasaje entre la legislación electoral vigente y la realidad política. México es el único país latinoamericano que no cambió su código electoral para introducir el mecanismo del balotaje en los comicios presidenciales. El actual sistema de elección directa en una sola vuelta funcionó con regularidad durante las seis décadas de hegemonía “priísta”, entre 1928 y 1988, en el marco de un régimen bipartidista donde PRI, era el “partido dominante” y la versión institucional de la Revolución Mexicana de 1912.

En ese esquema, el PAN, fundado en 1935 y heredero de la tradición conservadora muy vinculada a la Iglesia Católica, funcionaba como la única fuerza de oposición, no como alternativa de gobierno. Pero desde las elecciones de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, un disidente de izquierda del PRI que luego fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), rompió el bipartidismo y estuvo a punto de derrotar a Carlos Salinas de Gortari (el arquitecto del Nafta), en ninguna elección presidencial el ganador obtuvo más del 50% de los votos.

A partir de entonces, el país pasó de un “bipartidismo imperfecto” a un “tripartidismo imperfecto”.

El PRI y el PAN comenzaron a turnarse en el gobierno. La izquierda, representada primero por el PRD y luego por López Obrador, quedó convertida en el tercero excluido en la rotación presidencial, aunque a nivel local gobierne en el poderoso Distrito Federal y en varios estados del interior y tenga además una fuerte representación en el Congreso.

Para las elecciones presidenciales de 2000, el presidente Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas de Gortari, rompió con el unicato del PRI y maniobró secretamente a favor de la victoria del candidato del PAN, Vicente Fox, con el objetivo de irradiar una imagen internacional de apertura democrática de México.

En las dos siguientes elecciones presidenciales, funcionó un acuerdo subterráneo entre el PRI y el PAN para dejar al candidato de la izquierda como “eterno segundo”. En 2006, un sector del aparato del PRI apoyó bajo cuerda al candidato “panista” Felipe Calderón para frenar la arremetida de López Obrador. Recíprocamente, en 2012 un sector del PAN, liderado por Fox, favoreció encubiertamente a Peña Nieto, también para frenar a López Obrador.

El factor Trump

El problema es que en 2018 esa ecuación ya no alcanza para evitar a López Obrador. Si bien Anaya aparece claramente en segundo lugar en las encuestas, su lejanía de López Obrador hace que su única chance de éxito sea el abandono de la competencia del “priísta” Meade, como ya lo hizo Margarita Zavala, esposa de Calderón, quien había roto con su partido para presentarse como candidata independiente.

La diferencia cualitativa entre esta elección y las anteriores es el “factor Trump”. La personalidad del mandatario estadounidense, su retórica antimexicana y sus amenazas de modificar la política migratoria, rever el Nafta y construir un muro a lo largo de la inmensa frontera entre ambos países le brindó a López Obrador la oportunidad de enarbolar la bandera del arraigado nacionalismo azteca.

Esta confrontación no deja de tener un costado paradójico.

En la década del 90, la izquierda mexicana, de la que López Obrador era ya un dirigente de nota, encabezó el rechazo a la firma de tratado de integración económica regional con un argumento similar al empleado por Trump para denostarlo: la pérdida de empleo para sus compatriotas en beneficio del país vecino.

Lo cierto es que, más allá de la intensificación de las desigualdades sociales y regionales en México, el Nafta implicó un fuerte crecimiento económico para los estados del norte, favorecido por la radicación de filiales de las empresas estadounidenses interesadas en explotar las abismales diferencias entre los costos laborales.

Como corresponde a un candidato que se prepara para estrenar el traje presidencial, López Obrador intenta tranquilizar al empresariado y a sus vecinos del Norte.

Carlos Urzúa, su economista oficial, manifestó: “Bienvenida la inversión privada”. Pero la tensión y el contrapunto aumentan con el correr de los días. La central empresaria, empeñada en acorralar al candidato, enfatizó la necesidad de continuar con la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y tenazmente resistida por López Obrador y los sindicatos docentes, que exigen su derogación.

Un punto especialmente urticante para Washington de las propuestas de López Obrador es la iniciativa de impulsar la sanción de una ley de amnistía para delitos vinculados con el narcotráfico, con características similares a los acuerdos de paz celebrados en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que implicaron la creación de una “justicia transicional” que reemplazaría a los tribunales ordinarios para el enjuiciamiento de los beneficiarios de la norma.

Ese proyecto, orientado a poner coto a una espiral de violencia que en los últimos doce años provocó decenas de miles de muertos, sería un barril de pólvora para la relación bilateral.

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