López Obrador y la nueva estrategia mexicana contra los carteles de la droga

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Por Pascual Albanese.   En lo que seguramente será la apuesta más audaz de su sexenio presidencial, Andrés Manuel López Obrador se propone impulsar un giro copernicano en la estrategia de lucha contra el crimen organizado. No se trata de una elección caprichosa. México se ha transformado en uno de los países más violentos de la tierra. Desde 2006, la espiral de enfrentamientos desatada por el narcotráfico provocó entre 120.000 y 150.000 muertos y unos 37.000 desaparecidos. Con 29.000 muertos, 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas.

La decisión

López Obrador hizo de este compromiso una consigna central de su campaña proselitista. “Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra.

A mitad del sexenio ya no habrá guerra”, proclamó el candidato triunfante, en una promesa que caló hondo en una población hastiada, y en muchos casos aterrorizada, por la inseguridad generalizada.

Este viraje se vio ratificado por sendos nombramientos relevantes en las dos áreas estratégicas para implementar ese compromiso. Olga Sánchez Cordero, una prestigiosa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue puesta al frente del Ministerio de Interior (la cartera más importante del gabinete nacional) y Alfonso Durazo, exresponsable de seguridad durante el mandato de AMLO en la alcaldía de México, fue designado titular de la restablecida Secretaría de Seguridad Pública.

Sánchez Cordero estará a cargo de una denominada “receta mexicana para la pacificación”, que reconoce la inspiración de la experiencia colombiana en la negociación entre el presidente Juan Manuel Santos y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). La futura ministra destaca la instrucciones impartidas por López Obrador: “carta abierta, lo que sea necesario para la pacificación”.

Durazo (ex secretario privado del presidente Vicente Fox) tendrá la misión de promover una profunda reestructuración de las fuerzas de seguridad para permitir una paulatina retirada del Ejército del combate directo contra el narcotráfico, una polémica medida adoptada en 2006 por el presidente Felipe Calderón cuyos resultados distan de haber sido satisfactorios.

Un Estado dentro del Estado

La expansión del narcotráfico es tan vertiginosa como su permanente metamorfosis organizativa, una característica que dificulta la acción de las fuerzas de seguridad. Está demostrado que, a lo largo del tiempo, los carteles de la droga nacen, se desarrollan, se dividen y desaparecen, para dar lugar a otros que ocupan su lugar, en una constante y despiadada guerra de bandas que disputan el control de los mercados.

Un significativo porcentaje de las decenas de miles de muertos que engrosan esa formidable estadística criminal son consecuencia de esas sangrientas luchas intestinas. Existen incluso fundadas presunciones de que la propia DEA estadounidense estimula esas disputas para debilitar a ese enemigo que traspasa la extensa y porosa frontera que separa a ambos países.

Uno de los signos más preocupantes de los últimos tiempos fue la implantación de las bandas de narcotraficantes, que desde hace años controlan importantes parcelas territoriales en la mayoría de los estados aztecas, en la propia ciudad de México, una urbe superpoblada que hasta ahora había permanecido a salvo de esa incómoda presencia, cuya propagación disparó un estallido de pánico en la clase media capitalina.

Estas grandes bandas operan internacionalmente a través de un sistema de “franquicias”, lo que les permite asociarse con grupos locales en los demás países. Jonathan Rosen, coautor del libro “Drug Trafficking, Organized Crime and Violence in the Americas Today”, sostiene que “Sinaloa y los Zetas son franquicias, como si fueran Mc Donald’s”.

En un estudio titulado “Narcotráfico SA”, el consultor mexicano Eduardo Guerrero Gutiérrez definió a los cárteles de las droga como “empresas productoras de bienes y servicios ilícitos”. En tal carácter, su propósito es siempre “maximizar ganancias”, objetivo que los lleva a diversificar sus actividades.

Ya no se ocupan solamente del tráfico de estupefacientes sino también del tráfico de combustibles, la trata de personas, la extorsión y el secuestro. Es una pujante economía paralela que permite financiar un verdadero “Estado dentro del Estado”.

¿Innovación o salto al vacío?

Ante este acuciante desafío sin respuesta que amenaza convertir a México en un “Estado fallido” situado a las puertas de Estados Unidos, López Obrador pretende combinar una drástica reforma del sistema de seguridad pública (carcomido por la corrupción) con un plan de “pacificación nacional” que llevó al presidente electo a solicitar la colaboración del papa Francisco.

En la reestructuración del sistema de seguridad, encomendada a Durazo, se destacan el énfasis en las tareas de prevención, que involucra a los servicios de inteligencia, y la introducción de dos importantes innovaciones institucionales. Una es la conformación de una Guardia Nacional, integrada con elementos provenientes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales. Otra es la creación de una Policía Fronteriza para controlar el ingreso de dogas y el tráfico ilegal de personas en la frontera sur, por la que entra la masa migratoria centroamericana que atraviesa México para dirigirse a Estados Unidos.

La idea es la fundación de nuevas “instituciones base cero”, cuyo personal haya pasado los filtros que reduzcan la posibilidad de complicidad con el delito.

Pero la parte más polémica del programa de López Obrador es su propuesta pacificadora, a cargo de Sánchez Cordero. La idea, que todavía no ha sido plasmada en un proyecto específico, incluye ingredientes originales, como la habilitación de una reparación civil para las víctimas de la violencia, pero también algunas cuestiones que ya son motivo de intenso debate, como la legalización del consumo de marihuana y eventualmente de la amapola, en este último caso solo con fines medicinales.

Pero los dos puntos más irritativos de la iniciativa son una posible ley de amnistía para delitos menores vinculados con el tráfico de drogas, la creación de una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los crímenes perpetrados y el establecimiento de una justicia transicional que permita juzgar con tribunales y legislaciones especiales a los narcotraficantes que se acojan a la invitación gubernamental.

Los críticos de la propuesta rechazan que los cárteles del narcotráfico puedan ser equiparados con los guerrilleros de las FARC.

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