Tambores de guerra en América del Sur

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Por Pascual Albanese. Si bien en la política internacional los eufemismos diplomáticos tienden a menudo a ocultar las intenciones de los protagonistas, sobran indicios acerca de que un agravamiento de la crisis venezolana puede desencadenar una intervención militar en la que, con el inocultable beneplácito estadounidense, desempeñarían un rol protagónico Colombia y Brasil, que junto con Guyana son los tres países con fronteras terrestres con la nación caribeña.
Brasil y Venezuela tienen las dos Fuerzas Armadas cuantitativamente más poderosas de la región, con un número que en ambos casos rondan los 367.000 efectivos. Colombia ocupa el tercer lugar, con 265.000. Ninguno de los demás países sudamericanos supera los 80.000. En términos cualitativos, Venezuela tiene armamento ruso de última generación. Brasil es el único país latinoamericano con una industria propia de armamentos. Colombia tiene el Ejército profesionalmente mejor preparado, curtido en su enfrentamiento con la guerrilla de las FARC.
En este contexto, la victoria de Jair Bolsonaro abrió un nuevo escenario. Luiz Philippe de Orleáns y Braganza, un diputado electo por San Pablo que es mencionado como candidato a canciller de Bolsonaro, afirmó: “Hay una dictadura vecina y no estamos haciendo absolutamente nada políticamente. No podemos permitir una dictadura en América Latina. No cierro la puerta a una intervención militar”.
Aclaró empero que antes de esa alternativa extrema podrían implementarse “acciones graduales”, como el apoyo financiero y logístico a grupos opositores interesados en el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro.
Como un primer paso, Phillipe de Orleáns insinuó la posibilidad de realizar “acciones humanitarias” en territorio brasileño o incluso venezolano para atender el problema de los refugiados. Pero recalcó que “lo que no podemos hacer es pensar que el problema se resuelve absorbiendo refugiados”.
Advirtió que seis millones de venezolanos podrían huir de Venezuela hacia Colombia y Brasil. No está de más consignar que el futuro ministro de Defensa brasileño, general Augusto Heleno, fue el jefe de la “misión de paz” de las Naciones Unidas en la intervención humanitaria en Haití.
Estas apreciaciones de Philippe de Orleáns, que no fueron desmentidas por el equipo de Bolsonaro, focalizaron la atención sobre su autor, tataranieto de Pedro II, el último emperador de Brasil y sobrino de Luis Gastao de Orleáns, jefe de la Casa Imperial y aspirante al trono. Pero. más allá de esa excentricidad de origen, fue uno de los líderes del movimiento Despierta Brasil, que impulsó el juicio político de Dilma Rousseff. Estuvo también entre los posibles candidatos a la vicepresidencia de Bolsonaro, lugar que ocupó el general Hamilton Mourao, fiel expresión de la cúpula militar brasileña.
¿Un eje Brasilia-Bogotá?
Este exabrupto político brasileño coincide con las apreciaciones formuladas días atrás por el flamante embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, exvicepresidente de Álvaro Uribe, quien en su primera intervención pública en el cargo calificó a Maduro de “narcodictador” y a su régimen de “narcoestado”. Enfatizó que “se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis en Venezuela, pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”.
El nuevo presidente colombiano, Iván Duque, cuya candidatura fue promovida por Álvaro Uribe, quien por preceptos constitucionales no podía postularse para un nuevo mandato, y que había centrado su prédica electoral en un mensaje de dureza opuesto al estilo moderado de su predecesor, Juan Manuel Santos, gestor de los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC, se sintió obligado a aclarar que la línea de su gobierno en relación al régimen de Caracas “no es belicista”, sino que apunta a “buscar todos los mecanismos internacionales multilaterales para arrinconar a esa dictadura y que el pueblo venezolano recupere su libertad”.
Lo cierto es que por la extensión y la porosidad de la frontera binacional, Colombia resulta particularmente damnificada por la situación venezolana. Centenares de miles de refugiados comienzan a constituirse en un serio problema social. A esto se agrega que los grupos de guerrilleros que no se acogieron a los acuerdos de paz y las bandas de narcotraficantes, muchas veces asociados entre sí, encuentran en esa enorme masa disponible una fuente inagotable de reclutamiento que amenaza cada vez más la seguridad pública. De más está decir que detrás de la retórica amenazante de este posible eje Brasilia-Bogotá está la mano no tan invisible de la Casa Blanca. Donald Trump se empeñó en destacar que para afrontar la crisis venezolana “todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Y ya saben lo que quiero decir con las más fuertes”. The New York Times reveló la existencia de conciliábulos entre funcionarios estadounidenses y jefes militares venezolanos empeñados en impulsar el derrocamiento de Maduro. El Departamento de Estado hace lo imposible por convencer a Trump de que EEUU tendría que dejar actuar a sus aliados regionales pero no involucrarse directamente en una operación militar, porque su participación podría generar una reacción nacionalista del pueblo venezolano. Por ese motivo, vuelven a resonar las palabras del secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Víctor Almagro, quien no vaciló en afirmar que no hay que descartar una intervención internacional en Venezuela. En la misma dirección se inscribe el inédito pedido formulado por siete países (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Canadá y Francia) ante la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados en las cárceles y en la represión a las protestas callejeras.
Como si algo faltara en la lista de conflictos susceptibles de provocar una confrontación bélica, Guyana (el tercer país sudamericano fronterizo con Venezuela) afronta desde hace medio siglo un reclamo de Caracas por la soberanía sobre el Esequibo, una superficie de 159.000 kilómetros cuadrados, ricos en recursos naturales, que representa casi dos tercios de su territorio nacional. El presidente guyanés, David Granger, quien asumió en 2015, tras poner punto final a veintitrés años de hegemonía del izquierdista Partido Progresista del Pueblo (PPP), es un general nacionalista que recibió formación profesional en Brasil y fue agregado militar en Brasilia, donde anudó sólidos vínculos con el equipo de Bolsonaro. Como decía Lenin, “una chispa puede encender la pradera”.

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