¿Un narcosur en el Mercosur?

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Por Pascual Albanese. El descubrimiento de una banda dedicada al contrabando de armas argentinas a los carteles del narcotráfico brasileño puso de relieve el avance de esas organizaciones criminales en todos los países de la región. El fantasma de un “Narcosur” empieza a preocupar seriamente a los organismos de inteligencia, que alertan sobre la imperiosa necesidad de mejorar la coordinación de las fuerzas de seguridad en la lucha contra ese flagelo, al tiempo que se intensifica el debate político sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en esa tarea. Sergio Adorno, miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública, advierte que “las facciones criminales, entre ellas el PCC, vienen diversificando sus inversiones y operaciones hacia otras actividades que no son sólo el comercio ilegal de drogas. Funcionan como una corporación, una especie de joint-venture que controla una gama variada de operaciones, en una cadena compleja que va desde el financiamiento primario a la acumulación de capital”. Paraguay, que con sus 50.000 hectáreas de plantaciones es el primer productor de marihuana de América del Sur, se ha transformado en el centro neurálgico de la expansión regional del Primer Comando da Capital (PCC), con sede en San Pablo, que es la mayor organización criminal brasileña, y del Comando Vermelho, la segunda en el país y primera en Río de Janeiro, que libran una sangrienta guerra por el control del tráfico de drogas. La ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza calle de por medio con la localidad brasileña de Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, es el epicentro de esas operaciones y se ha convertido en un escenario cotidiano de esa violenta guerra de bandas.

Días pasados, la policía paraguaya frustró un plan para liberar al narcotraficante brasileño David Timoteo Ferreira, detenido en Juan Pedro Caballero. Según las autoridades, Ferreira es un “sintonía” de la organización. En la jerga del PCC, se llama “sintonía” al jefe de los detenidos pertenecientes a la banda en cada establecimiento penal, sea en Brasil o en el exterior, quienes se encargan de mantener el contacto directo con la sede central de San Pablo.

La “secta”

Esa comunicación con San Pablo se realiza mediante grupos de WhatsApp, en los que se informan las novedades diarias y especialmente la existencia de un nuevo “iniciado” o “bautizado”, que en una ceremonia iniciática, cuyas características evocan a los tradicionales rituales de la mafia italiana, debe jurar sobre una Biblia su obediencia al estatuto de la banda. El estatuto, elaborado originariamente por Marcola, el legendario jefe del PCC, se amplió de trece a dieciocho artículos, para poner énfasis en la “lealtad”, luego del espectacular asalto a la bóveda de la empresa de seguridad Prosegur, en Ciudad del Este, perpetrado en abril de 2017, cuando los maleantes robaron once millones de dólares y fueron luego capturados.
Se estima que en las doce cárceles paraguayas hay aproximadamente 360 reclusos suscriptos al PCC, pero en Brasil la cifra de “bautizados” asciende al escalofriante número de 40.000. La proliferación de la violencia en los penales paraguayos, cuya expresión más detonante fue la decapitación en la cárcel San Pedro de diez integrantes del clan liderado por Armando Rotela, quien maneja la venta de crack en Asunción, llevó a las autoridades a planificar la construcción de establecimientos carcelarios de máxima seguridad para alojar exclusivamente a los miembros del PCC.

Un replanteo estratégico

Pero el avance del PCC no está focalizado en Paraguay, ni tampoco en Bolivia, sino que se extiende hacia la triple frontera amazónica, que une a Brasil con Colombia y Perú, los dos principales productores mundiales de cocaína, y donde el cartel paulista disputa la hegemonía con la Familia Do Norte (FDN), la tercera organización criminal del país, detrás del Comando Vermelho, que controla el tráfico de la marihuana de Paraguay y, sobre todo, de la cocaína proveniente de Colombia. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, sólo en el primer semestre de este año se registraron 530 asesinatos en la ciudad de Manaos, capital del estado. La expansión en las actividades del cartel paulista incluye la financiación de la narcopiratería, que consiste en el robo de drogas a los grupos rivales, en especial a la FDN y al Comando Vermelho, en las aguas del río Solimoes, una extensa vía fluvial de vital importancia para el tránsito de los cargamentos de estupefacientes.
En este rubro, el PCC actúa en sociedad con otro grupo criminal local, la Familia de Coari (FDC), cuyo nombre responde a su lugar de origen: Coari, una ciudad ubicada a 363 kilómetros de Manaos. Ese acuerdo está basado en una división del trabajo: la FDC se ocupa del reclutamiento de los narcopiratas, el PCC de hace cargo de su financiación y ambas bandas se distribuyen los beneficios. En estos enfrentamientos, han empezado a participar últimamente algunos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que garantizan el suministro de la droga colombiana a Manaos. El hecho de que el narcotráfico ocupe un lugar cada vez más relevante en la región amazónica, que históricamente representa el principal centro de preocupación estratégica de las Fuerzas Armadas brasileñas, hace que los militares, que constituyen la columna vertebral del gobierno de Jair Bolsonaro, empiecen a analizar distintas alternativas para encarar una guerra frontal contra estas bandas del crimen organizado.
En las evaluaciones de la inteligencia militar brasileña, el recrudecimiento de la guerra entre los grupos criminales está asociado a un fenómeno estructural de los últimos años: el sostenido incremento del consumo interno de estupefacientes en la población provoca que el gigante sudamericano haya dejado de ser sólo un lugar de tránsito de drogas hacia Europa, a través de los puertos de su extenso litoral atlántico, para erigirse también en un importante mercado de consumo, lo que exige a los carteles una creciente implantación territorial para sustentar su aparato de comercialización.
En este contexto, el Ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, famoso por su protagonismo como juez en el “Lava Jato” y en el procesamiento y condena de Lula, estudia con los mandos militares la posibilidad de impulsar un drástico viraje, consistente en otorgar a las Fuerzas Armadas un papel preponderante en la lucha contra el narcotráfico, tal como hace tiempo lo sugiere el Comando Sur del Ejército estadounidense a todos los ejércitos latinoamericanos. En tal caso, la decisión del gobierno de Bolsonaro exigirá seguramente un replanteo similar en los demás países del Mercosur, incluida naturalmente la Argentina.

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