Los militares están de vuelta

militares de vuelta
Por Pascual Albanese.    Si hubiera que identificar los dos polos ideológicos que existen en América del Sur habría que señalar al Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro y al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Entre esos dos contrincantes, aunque con una variada gama de matices, se inscriben los otros gobiernos de la región, incluido el futuro gobierno argentino. Pero esta caracterización sería incompleta si no estuviera acompañada por una precisión: más allá de las siderales diferencias en las credenciales democráticas de los sistemas políticos en los que se asienta su legitimidad, tanto Bolsonaro como Maduro tienen su principal base de sustentación política en el respaldo de las respectivas Fuerzas Armadas.

En el caso de Brasil, es cada vez más claro que dentro del “núcleo de acero” que rodea al primer mandatario sobresale la presencia de varios destacados jefes castrenses, en especial el vicepresidente, general Hamilton Mourao; el ministro de Seguridad, general Augusto Heleno (antiguo oficial instructor de Bolsonaro en el Colegio Militar), y el general Vilas Boas, exjefe del Ejército, considerado el principal ideólogo de las Fuerzas Armadas. Cabe afirmar que el gobierno de Bolsonaro asume la implementación política de un proyecto estratégico elaborado por el Ejército brasileño. En cuanto a Venezuela, el apoyo castrense es el único hilo que permite la supervivencia en el poder de Maduro, quien en los hechos encabeza un régimen militar. La mayor parte de los cargos relevantes en el gabinete nacional, las gobernaciones de los estados y las empresas estatales está en manos de jefes del Ejército. Maduro construyó un sistema de lealtades basado en la corrupción de los jerarcas de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora fue lo suficientemente sólido como para frustrar los planes para su derrocamiento por vía de un golpe militar. Pero la inquietante novedad de estas últimas semanas es que Brasil y Venezuela dejaron de ser una excepción y amenazan en erigirse en una nueva regla: las sucesivas crisis de gobernabilidad registradas en Perú, Ecuador, Chile y ahora en Bolivia han vuelto a colocar al poder militar en el centro del escenario político sudamericano, un lugar que habían abandonado en la década del 80, cuando el agotamiento de los regímenes dictatoriales originó el establecimientos de las democracias en toda la región.

Terremoto en el Pacífico

En Ecuador, el presidente Lenin Moreno tuvo que declarar el estado de emergencia y recurrir a las Fuerza Armadas para restablecer el orden público alterado por las violentas movilizaciones de protesta desencadenadas por la decisión gubernamental de aumentar fuertemente el precio de los combustibles. En medio de numerosas acusaciones a los militares por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión de los manifestantes, el general Luis Lara, flamante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no vaciló en proclamar que “el Ejército evitó males mayores en Ecuador”. En Perú, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, dominado por una mayoría opositora, para convocar a nuevas elecciones legislativas, y el Parlamento intentó responder a esa medida con la destitución del titular del Poder Ejecutivo y la designación, como mandataria interina, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, la crisis institucional, que amenazaba generar una situación de “doble poder”, quedó rápidamente superada ante la firme decisión de las Fuerzas Armadas de respaldar al jefe de Estado.

En Chile, las masivas manifestaciones de protesta y los inéditos actos de vandalismo que desbordaron a las fuerzas de seguridad y acorralaron al gobierno de Sebastián Piñera hicieron que, por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, tanques del Ejército salieran a las calles de Santiago para restablecer el orden público. A partir de entonces, proliferaron los ataques a unidades militares, hasta el dramático punto de que el comando del Ejército debió anunciar que “frente a nuevos ataques, éstos serán respondidos en uso de la legítima defensa”. En Bolivia, las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Evo Morales y el amotinamiento generalizado de las fuerzas policiales llevaron al titular del Ejército, general Williams Kaliman, a señalar que “después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, una polémica declaración que detonó la dimisión del primer mandatario.

 Un horizonte incierto

La crisis boliviana fue la gota que derramó el vaso y tuvo serias consecuencias en el plano internacional. Porque en los casos anteriores el apoyo de las Fuerzas Armadas sostuvo a los presidentes constitucionales jaqueados por las protestas. En Bolivia, no ocurrió así y el Gobierno cayó. Si bien los militares se amparan en que el artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, dictada en 1992, otorga al alto mando militar la facultad de “analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”, resultó inevitable que para la mayoría de la opinión pública internacional esa “sugerencia” a Morales fuera equiparada a un golpe de Estado. Si bien es cierto que la fulminante declaración de Donald Trump, quien saludó la caída de Morales y celebró la actitud de los militares bolivianos, no fue precisamente un acierto diplomático, es significativo que casi ningún gobierno sudamericano condenara el derrocamiento de Morales. Las únicas excepciones fueron un gobierno saliente y otro entrante: Uruguay, cuyo partido gobernante está expuesto a perder la segunda vuelta de la elección presidencial prevista para el 24 de noviembre, y -en un sentido virtual, pero políticamente significativo- el futuro gobierno de la Argentina, cuya posición fue claramente anticipada por el presidente electo, Alberto Fernández.
En este contexto, es necesario incorporar al análisis un dato relevante: la consultora de opinión pública Latinobarómetro consigna que en toda la región la confianza en las instituciones militares es superior a la de cualquier otro poder del Estado. Según sus estudios, el promedio de confianza en los militares es del 44%, por encima del Poder Judicial (24%), el Poder Ejecutivo (22%), el Parlamento (21%) y los partidos políticos (13%). Conviene interrogarse seriamente sobre si el fenómeno mundial generalizado de crisis de la representación política, signado por un creciente estado de insatisfacción de las clases medias y por la utilización de las redes sociales como     nuevo canal de participación política, acompañado por lo que suele     definirse como “democracias liberales”, que en EEUU se refleja en el     ascenso de Trump, y en la Unión Europea en el avance de la “derecha     alternativa”, en América del Sur puede traducirse en la reaparición del     poder militar como actor político.

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