SEGUNDO CENTENARIO abril 2020: Pascual Albanese

Si se entiende el concepto de crisis como la súbita irrupción de lo nuevo, es imposible encontrar en la historia argentina, tan pródiga en grandes conmociones políticas y económicas, una crisis de dimensiones equivalentes a la que afronta hoy el gobierno de Alberto Fernández. La Argentina política de hoy es un territorio a descubrir, donde las preguntas superan la capacidad de respuesta. Pero, como siempre sucede en estos casos excepcionales, es necesario focalizar la mirada en aquellas pistas que permiten vislumbrar el rumbo de los acontecimientos.

Hasta la primera semana de marzo, el porvenir de la presidencia de Fernández estaba condicionado a lo que sucediera con la renegociación de la deuda pública. Todo lo demás, por importante que fuera, adquiría un carácter secundario. La diferencia crucial entre un acuerdo con los acreedores o un nuevo default era la incógnita que obsesionaba a la Casa Rosada y a todos los actores políticos y económicos. Un arreglo implicaba un escenario difícil pero transitable, mientras que el default era un viaje hacia lo desconocido.

 La novedad es que, tal cual quedó confirmado con la reprogramación forzosa de los vencimientos de los bonos regidos por la legislación argentina,  el default dejó de ser para Fernández el peor de los males. El gobierno se encuentra inmerso en una batalla inédita y  de pronóstico incierto, cuyas características particulares jamás tuvo que afrontar, ni por asomo, ninguno de sus predecesores, ni en la Argentina ni en ninguna otra parte del mundo.

Así como tras su derrota en las elecciones primarias del 11 de agosto llevó a Mauricio Macri a un drástico viraje, que supuso entre otras medidas el “reperfilamiento” de la deuda pública y el virtual abandono de las premisas que habían caracterizado anteriormente su gestión, el desafío planteado por el Covid-19 obligó al gobierno, antes incluso de cumplir sus primeros cien días, a protagonizar otro viraje y a modificar su prioridad originaria, que era la renegociación de la deuda, a fin de responder a las dramáticas y crecientes exigencias de la coyuntura.

La primera particularidad que presenta esta nueva situación es que, por primera vez en la historia argentina, la prioridad absoluta y excluyente de la acción gubernamental no está centrada en las vicisitudes económicas, las conmociones sociales o el restablecimiento del orden público y de la gobernabilidad amenazados, sino en una cuestión que originariamente es de salud pública pero cuyas implicancias impactan severamente en todos los planos de la vida nacional.

Otra característica especial es que, como ocurre siempre en situaciones de crisis pero en las actuales circunstancias con una magnitud como nunca había sucedido en ocasiones anteriores, la capacidad de respuesta está casi exclusivamente en manos del Estado. El acierto o el error son de su inequívoca e indelegable responsabilidad. De allí el elevado nivel de apoyo que encontró el gobierno en una opinión pública que, en medio de la incertidumbre generalizada, busca desesperadamente un punto de referencia.

Esa búsqueda lleva también implícita un mensaje y una advertencia: así como el éxito será premiado con generosidad, el fracaso sería fatal e imperdonable. Lo ocurrido con la reacción de la opinión pública ante las colas de centenares de miles de jubilados en las sucursales bancarias o a raíz del debate sobre los precios pagados por los alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social constituyen sendos síntomas del grado de exigencia colectiva. No hay aquí demasiado espacio para el  mecanismo de “ensayo y error” popularizado durante el anterior gobierno. Más allá de las siderales diferencias entre ambas situaciones, el único antecedente históricamente comparable, aunque sea por aproximación, es la guerra de Malvinas.

La fragilidad institucional de la Argentina, y mucho más en situaciones de emergencia, determina que el Estado sea, ante todo, el Poder Ejecutivo, al que la tradición presidencialista identifica inequívocamente con la persona del Presidente de la Nación.  Esta constante histórica tiene en las presentes circunstancias  una singular trascendencia política: después de tres meses de idas y vueltas en torno a las discusiones sobre el carácter bicéfalo de su gobierno, Fernández emerge hoy como la figura predominante. El aumento de su imagen positiva en las encuestas es elocuente en ese sentido.

  A su vez, y más allá de las comprensibles razones familiares que explican su decisión, el hecho de que, en medio de uno de los máximos picos de incertidumbre, la vicepresidenta Cristina Kirchner haya podido viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia y traerla de regreso a Buenos Aires indica, en la práctica, la existencia de un deslizamiento de poder que podría acentuarse en los próximos meses, junto a la situación que lo origina. Esta tendencia objetiva no le resta relevancia al espacio de maniobra de la ex presidenta, cuya capacidad de iniciativa y  su poder de veto sobre las decisiones gubernamentales agregan una cuota adicional de incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Esa centralidad que adquiere el rol del  Estado en estas situaciones, la gravitación de la tradición presidencialista de la Argentina y el  peso de los poderes territoriales generaron también un segundo deslizamiento de poder, ya no en el gobierno sino en la oposición. La aparición conjunta en una conferencia de prensa de Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, constituyó un punto de inflexión que colocó al alcalde porteño en un rol que trasciende su misión específica.

Mientras cada uno de los gobernadores del interior de la Argentina se ve obligado a adoptar medidas específicas en función de la diversidad de realidades locales, la concentración demográfica de la población en la Región Metropolitana y la interacción entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que en los hechos configuran una unidad geopolítica, transforman a esta jurisdicción porteña y al Gran Buenos Aires en el foco principal de la atención pública nacional. Lo que allí suceda determinará el balance final de la batalla.

Esta particularidad coloca a Rodríguez Larreta en el espectro político de la oposición en una situación semejante a la adquirida por Fernández en el oficialismo. Mientras los demás protagonistas políticos, cada uno con su nivel de responsabilidad específica, tienen el derecho a opinar, ellos dos -para  bien o para mal – están obligados a hacer. Ambos capitalizarán el éxito o padecerán el estigma del fracaso.  Esa disyuntiva de hierro los convierte inesperadamente en socios. Asoma allí un sorpresivo y no buscado camino para la superación de “la grieta”.

En contraste con este protagonismo fáctico asumido por Rodríguez Larreta, y en su medida por los gobernadores radicales y los intendentes de Juntos por el Cambio, el resto de la oposición política, incluidos sus bloques parlamentarios, el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO y el propio Macri, pasaron transitoriamente a ocupar un lugar secundario, tal como sucedió en el oficialismo con la ex presidenta, aunque –también a su semejanza- conservan un grado de influencia que sería ingenuo subestimar.

 Las encuestas de opinión confirman este reposicionamiento de los principales actores políticos. La imagen positiva de Alberto Fernández aumentó notablemente en las últimas semanas, así como se redujo fuertemente su imagen negativa. Lo mismo ocurrió con Rodríguez Larreta, erigido en el líder opositor con mejor ponderación pública. En contrapartida, los dos ex presidentes que encarnan los polos emblemáticos de la “grieta”, tanto Cristina Kirchner como Macri, aunque en ambos casos con niveles de aceptación relativamente elevados, tiene más imagen negativa que positiva.

Pero además de esos dos deslizamientos de poder en el oficialismo y en la oposición,  hay también en curso un tercer deslizamiento, tal vez más sutil que los anteriores: la obligada pasividad que las circunstancias imponen a las movilizaciones callejeras con que  la sociedad argentina suele expresar cotidianamente sus demandas incrementó, en cambio, la influencia política de los medios de comunicación social. No es tampoco casual entonces que entre sus primeras reuniones para afrontar la emergencia Fernández  haya tenido un extenso encuentro con  los responsables de los principales medios periodísticos argentinos, encabezados naturalmente por el grupo Clarín.

En situaciones de emergencia siempre conviene estar preparados para lo peor, rogando que no ocurra. Como todo indica que estamos lejos todavía del punto culminante de esta emergencia sanitaria  y que en las próximas semanas el gobierno podría verse forzado a adoptar, en algunos casos, medidas todavía  más drásticas que las dispuestas hasta ahora, no hay que descartar por completo la posibilidad de que, al margen de los desmentidos gubernamentales,  la velocidad de los acontecimientos genere situaciones de conmoción pública que muevan al Poder Ejecutivo a solicitar al Parlamento la declaración del estado de sitio, como una forma de garantizar la juridicidad de sus decisiones, tanto para el cumplimiento estricto de las disposiciones de la “cuarentena” –sea total o selectiva- como para el abastecimiento de insumos esenciales (alimentos y medicamentos) para la población. Una solicitud de esa naturaleza, efectuada en estado de necesidad, seguramente sería tramitada con rapidez por ambas cámaras del Congreso Nacional.

De la misma manera, cabe prever asimismo que la situación obligue al gobierno a avanzar en una línea de acción ya puesta en marcha, que es recurrir a las Fuerzas Armadas como única estructura logística con despliegue nacional capaz de atender las demandas derivadas de un agravamiento de la emergencia. Esta reaparición de las organizaciones castrenses, en particular del Ejército, volcada a una acción humanitaria de ayuda a una población angustiada por la pandemia, tendrá seguramente otro efecto no buscado: la reivindicación oficial de las Fuerzas Armadas como una institución fundamental para la existencia del Estado. Esto implicaría un cuarto, y todavía más subterráneo, deslizamiento de poder y representaría un fenómeno inédito desde la restauración de la democracia en 1983.

Las emergencias no eliminan los conflictos ni detienen las luchas por el poder. En todo caso mutan en guerras  subterráneas. Dentro del oficialismo, como no puede ser de otra manera, “la madre de todas las batallas” esas pujas tienen como epicentro a la provincia de Buenos Aires, y más específicamente al conurbano bonaerense, donde el gobernador  Axel Kiciloff tiene a su cargo la custodia de la principal base territorial de Cristina Kirchner. La discusión entre el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, y los intendentes peronistas del conurbano sobre el control de las policías locales fue un ejemplo de esa tensión.  El manejo de la policía en situaciones de emergencia es sinónimo de ejercicio de poder.

Algo similar, aunque en otra escala, sucede con la distribución de la ayuda alimentaria en las poblaciones más vulnerables, en la que intervienen activa pero no siempre coordinadamente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el estado provincial, los municipios y también los movimientos sociales. Los intendentes peronistas dicen encontrar en la Casa Rosada una atención que dicen no advertir tan frecuentemente en la gobernación, aunque resulta muy probable que no se trate de incomprensión ni de inocencia por parte de Kiciloff sino precisamente de lo contrario, de la preservación de su poder político .

En la oposición, existe también una sorda disputa de posiciones, con un sentido políticamente equivalente a la que recorre al oficialismo, entre dos corrientes: los poderes territoriales (gobernadores e intendentes), más proclives a los entendimientos con el gobierno nacional, y la “línea dura”, asentada principalmente en la Cámara de Diputados.

Esta segunda línea, reducida a la marginalidad en las decisiones, encontró una oportunidad de reaparecer en el escenario con  el reclamo de la reducción  del “gasto político”.  En este punto, fue llamativa la actitud de Rodríguez Larreta, quien decidió acompasar su definición sobre el tema a la resolución del gobierno nacional. De allí que en algunos cenáculos de Juntos por el Cambio suela apodarse al Jefe de Gobierno de “Horacio Fernández Larreta” por su presunta mimetización política con el Jefe de Estado.

El sector más confrontativo de la oposición, liderado por Patricia Bullrich, que fue  impuesta por Macri en la jefatura del PRO en detrimento del ala “dialoguista”,  capitalizó  las consignas de la “antipolítica”, estrenadas en la Argentina con  los “cacerolazos” iniciados con la crisis de diciembre de 2001. Esa coincidencia está llena de sentido: aquella oleada de disconformidad con la “clase política”, protagonizada por la clase media de los grandes centros urbanos, estuvo asociada entonces al colapso del gobierno de la Alianza y a la consecuente debacle política del radicalismo como expresión de esos sectores medios.

Ese vacío de representación impulsó la irrupción del PRO  en la ciudad de Buenos Aires, el  bastión histórico de la clase media, y dio comienzo a su proceso de expansión, que culminó con la victoria de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015. En esta nueva etapa, el fracaso del gobierno de Macri, con la consiguiente crisis de representación política que experimenta esa franja de la sociedad, origina este nuevo renacer de la “antipolítica”, expresado ruidosamente en los últimos días desde los balcones porteños.

Esas manifestaciones de protesta, centradas en las consignas de la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos y legisladores, fueron  respondidas y retroalimentadas con las acusaciones lanzadas desde el gobierno contra sectores de la oposición y del empresariado y con algunos proyectos gubernamentales en ciernes motorizados desde el “kirchnerismo”, a través de Máximo Kirchner, como la aplicación de un impuesto de emergencia a los beneficiarios del último blanqueo de capitales y a las ganancias  de las grandes empresas.

Este tipo de iniciativas y de expresiones no constituyen empero la tendencia principal de los acontecimientos, sino más bien una “contratendencia” que, al menos por ahora, no determina el curso de la situación, signada en lo esencial por un implícito pacto de gobernabilidad cuya ruptura, en las actuales circunstancias, implicaría un auténtico salto al vacío.

La encrucijada verdaderamente definitoria que afronta el gobierno a partir de esta semana pasa por la necesidad de flexibilizar paulatinamente la cuarentena, mucho antes aún de que la pandemia haya alcanzado su pico culminante, con el objeto de reactivar una economía sumergida en una recesión  profunda y generalizada, con un fuerte deterioro social y una fenomenal caída de los ingresos fiscales que afecta la capacidad de financiación del Estado para afrontar los momentos especialmente críticos que se avecinan.

Para esta tarea impostergable, al pacto de gobernabilidad con la oposición política el gobierno busca sumar una amplia concertación social con las organizaciones sindicales y empresarias, en especial con la CGT y la UIA, a fin de delimitar las actividades seleccionadas y las modalidades de su desenvolvimiento, y también con los gobernadores y con los intendentes, para establecer ciertas particularidades geográficas en la aplicación de las medidas.

Este tremendo desafío que se avecina en los próximos días incrementará las pujas sectoriales y pondrá en juego en el mes de abril el capital político acumulado por  Fernández en marzo. Será también, mucho más que las intenciones de los actores políticos, la prueba del ácido del pacto de gobernabilidad que permitió hasta ahora el manejo de la crisis. En mayo, junto con el pico de la pandemia, a ese desafío se le agregará otro, no menos dramático, que tendrán que afrontar simultáneamente todos los gobiernos del mundo: las demandas que surgirán “el día después”.

Henry Kissinger, en un artículo publicado en The Wall Street Journal, lo definió con elocuencia: “El esfuerzo de crisis, por extenso y necesario que sea, no debe desplazar la urgente tarea de lanzar una empresa paralela para la transición al orden posterior al coronavirus”. En una prevención que adquiere un hondo significado político, agrega que “discutir ahora sobre el pasado sólo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer”.

En la Argentina, esa oportuna advertencia que Kissinger realiza desde y para Estados Unidos podría complementarse con otra, más antigua, formulada por Perón: “en política, quién no tenga cabeza para prever tendrá que tener espaldas para aguantar”. El imperativo de la hora es lucidez política y unidad nacional, dos conceptos que en esta emergencia son casi sinónimos.

Dejar una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>