El poder de Fernández, entre virus, dilemas y desperfectos

jubi

Por Jorge Raventós.   Desde que el rasero del coronavirus empujó a un segundo plano la preocupación por la deuda externa y el riesgo país -dos marcas distintivas de Argentina, la lucha contra la pandemia pasó a monopolizar la atención pública y  se transformó  en el eje reorganizador de la situación política.

Emergencia y concentración de poder

 En un país constitutivamente presidencialista, el Poder Ejecutivo, como centro operativo del Estado, asumió un protagonismo  inexcusable ante la emergencia y la figura presidencial   ocupó decididamente el escenario.

La situación excepcional es planetaria y el reflejo centralizador ocurre bajo todos los regímenes: el parlamentarismo sueco debate estos días cómo facultar al primer ministro a tomar per se medidas de urgencia (sea una cuarentena o una prohibición de funcionamiento del transporte público) que normalmente exigirían el debate y el voto legislativos pero que en las actuales circunstancias pueden demandar decisiones expeditivas para ser eficientes.

Este mecanismo de reforzado centralismo decisorio determinado por la amenaza de la pandemia coloca en las zonas más visibles del escenario a quienes cumplen funciones ejecutivas (nacionales o locales) y disminuye relativamente la relevancia de las oposiciones políticas  que militan desde el llano o en un cuerpo legislativo al que el virus recluye en el teletrabajo. Los que pierden protagonismo en ese reparto tienden a irritarse y procuran recuperar la atención mediática sobreactuando. Ven en la concentración riesgos de discrecionalidad y, más allá, de tiranía.

Premios y castigos

 El fenómeno ha sido medido por las encuestas. Dos estudios de la última semana muestran el fuerte ascenso de la imagen pública de dos protagonistas, uno, oficialista (el Presidente) y el otro, dirigente de Juntos por el Cambio (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta). Alberto Fernández ha incrementado en más de 30 puntos la ya buena colocación que mostraba en diciembre (ahora supera los 80, una calificación absolutamente inusual para un presidente); Larreta mejoró 20 puntos.

Por cierto, habría que leer las encuestas con la conciencia de que en situaciones volátiles la opinión puede ser igualmente volátil. Ese es el riesgo de los protagonismos. Las altas performances están sostenidas por altas expectativas. Y una rajadura en esas expectativas puede conducir a la decepción, que es el motor de los repudios.   De pronto  la atmósfera de acompañamiento puede encontrarse con un viento maléfico.

El gobierno de Fernández, por ejemplo,  se topó con una corriente adversa un viernes atrás, cuando cientos de miles de jubilados convocados a cobrar su delgada mensualidad se encolumnaron (o se agolparon) ansiosamente frente a los bancos. En ese momento se debatía  sobre la cuarentena, algunos cuestionaban su validez, otros resistían su prolongación y el episodio contribuyó a embrollar esa discusión.

ANSES, el Banco Central, los bancos involucrados buscaron explicaciones para algo inexplicable: ¿nadie sabía, con toda la información de que disponen,  que al menos la mitad de los jubilados no cobran por cajero, que otro porcentaje no puede hacerlo por razones de debilidad personal y que todos, sin excepción necesitaban con urgencia el dinero, razón por la cual se precipitarían todos juntos a las ventanillas si no se los convocaba por turnos y se los informaba adecuadamente?

Esa notable impericia profesional o negligencia puso en riesgo la efectividad de la cuarentena,  una medida en la que los argentinos han invertido tanto esfuerzo -y en la que el Presidente ha empeñado tanto capital político. Naturalmente, la torpeza fue explotada por voceros formales, informales y mediáticos de la oposición dura. Fue significativo, sin embargo, que la extendida insatisfacción por el desbarajuste organizativo no se canalizara hacia la protesta política. Esa noche las cacerolas que esos sectores de oposición venían estimulando no incrementaron su repiqueteo; por el contrario,  apenas si se oyeron, como si la voluntad de dar eco a la protesta se hubiera agotado, tal vez porque la oposición dura se entusiasmó muy precozmente o se empeñó en diferenciarse extemporáneamente de los gobernadores de Juntos por el Cambio que, como Rodríguez Larreta o el jujeño Morales ha optado por acompañar al gobierno nacional sin perturbar la conducción de Fernández.

Autoridad y desafíos

Antes del episodio del viernes 3, el gobierno ya había cometido otros fallidos, como que el Presidente crispara su vocabulario para responder a presiones o actitudes empresariales.

Su equipo, adicionalmente, incurriría aún en fallas clamorosas. La compra directa de alimentos a precios muy superiores a los que el propio Estado fija como tope, justificada a posteriori con el argumento de que los empresarios “se plantaron” en esa suma es, para decirlo con una frase de Talleyrand, “peor que un crimen: es un error”.

Es cierto que el ministerio de Acción Social, con la misión prioritaria de alimentar a una enorme población necesitada, se topó con el aparente dilema de no hacerlo o aceptar el pago de precios abusivos. Pero en la situación que se vive que ha sido comparada -no tan hiperbólicamente-  con una guerra, ese tipo de nudos gordianos se desatan de un tajo: el Estado tiene autoridad legítima y debe usar con prudencia pero con energía el poder que ostenta. No hacerlo debilita ese poder, no solo ni principalmente porque los adversarios saquen partido, sino porque la confianza social es indispensable- siempre, pero especialmente para afrontar un momento tan exigente- y es indispensable que quien encarna esa autoridad retenga esa confianza.

El Presidente enderezó finalmente el rumbo: anuló el pago excesivo, determinó que ninguna compra del Estado se retribuya por encima de los  topes que el propio Estado establece y propició el cese de los responsables directos de la compra.

El ejercicio del poder en estas circunstancias puede proporcionar protagonismo y buenas mediciones de opinión pública, pero sobrelleva pesadas responsabilidades y también concentra los reveses que a veces obedecen a ineptitud, otras a granujería, a vicios crónicos del aparato estatal o a tensiones internas: siempre terminan consumiendo el mismo capital.

La autoridad también es desafiada desde la defensa cerrada de un localismo desenfocado o desorbitado. El Poder Ejecutivo tomó razonablemente la decisión de centralizar la compra de insumos estratégicos para la pandemia, dando un corte quirúrgico a una competencia de compras entre distritos que concluiría con algunos sobreabastecidos y otros desprovistos.

El poder nacional ha tenido también que reconducir fenómenos de indisciplina política que pueden volverse serios, motorizados a veces por el cruce entre lo sanitario y lo social y otras veces por una aplicación extremada del concepto “primero la salud”. En un caso, fue la actitud de los municipios que deciden clausurar sus límites para perfeccionar el control, con un método que objetivamente expropia atribuciones del poder de sus provincias y de la nación.

En otros casos – un ejemplo, pero no el único, es General Pizarro, en Salta- con el argumento de no permitir el paso de extraños al municipio, se impide el tránsito de camiones que transportan mercancías destinadas al consumo interno o a la exportación.

Colocado en el centro del comando y al frente de un Estado que ha sido descalabrado durante años, el gobierno tiene que mantener el timón firme para que el rumbo sea el indicado y tiene que ordenar a la tripulación para que el desorden propio no se sume al desorden que provoca la tormenta sanitaria. Todo un desafío.

Cuarentena: soft landing

 En este contexto Alberto Fernández ha empezado a dar respuestas paulatinas a quienes llaman la atención sobre ese otro virus, el que afecta a la economía. Ha registrado el reclamo de quiénes quieren aflojar la cuarentena y las advertencias de los sanitaristas que le aconsejan mantenerla. Y sabe que corre el riesgo de no satisfacer ni a unos ni a otros. Tiene por delante el pronóstico de los epidemiólogos, que vaticinan que el clímax de la epidemia ocurrirá a mediados de mayo y reconoce, asimismo, el diagnóstico de economistas, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, que transmiten el descalabro de la cadena de pagos, la sequía que reina en los barrios pobres, los padecimientos de pequeños comercios, de monotributistas y autónomos que no recaudan, de trabajadores que temen por la integridad de sus salarios y por el colapso de sus fuentes de trabajo. Sabe asimismo que, hasta por razones de salud mental, la cuarentena no puede prolongarse con sus rasgos actuales sine die, pero sabe también que decretar un final abrupto de la cuarentena (peor aún si es inoportuno) o crear expectativas en ese sentido puede muy probablemente determinar una peligrosa catarsis pública que genere un retroceso grave en un proceso que está contenido en su evolución.

El timón de Fernández indica que se ha inclinado por un soft landing un aterrizaje  pausado y gradual, prudente, controlada (privilegiando siempre el cuidado de los grupos de riesgo: la experiencia mundial indica que las víctimas preferidas del virus son mayores de 70, con dos o más enfermedades crónicas) y extendido en el tiempo incluso más allá de mayo. El presidente parece convencido de que algo parecido a la recuperación de la vieja normalidad (un instante que, ay!, probablemente no retornará) sólo puede iniciarse cuando exista una vacuna y cuando pueda garantizarse la vacunación masiva de los argentinos.

Así, al menos la mitad del período de Fernández transcurriría en un prolongado degradé de la cuarentena. Y, si se consigue volver a encender la economía (la propia y la del mundo) y la negociación de la deuda lo permite, en un sostenido, precario, penoso proceso de convalecencia y recuperación de la actividad y el consumo.

El espectáculo global de la pandemia y sus consecuencias no alimenta fantasías utópicas; más bien,  un realismo medido y humilde.

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