SEGUNDO CENTENARIO: MAYO 2020. ARGENTINA HOY

ARGENTINA HOY

PASCUAL ALBANESE

Cuando alguien llega a la cima de la montaña, sólo le queda emprender el descenso. Esa percepción, con todas sus implicancias (en este caso negativas), recorre hoy al gobierno nacional, obligado a definir los tiempos y modos de una liberalización parcial y selectiva de la cuarentena mucho antes del momento estimado para el pico de contagios del Covid-19 y en un momento en que la reacción de la opinión pública en el tema de  la liberación de los presos parece un signo premonitorio de que la “luna de miel de la pandemia” puede estar llegando a su fin, aunque las encuestas todavía sigan favoreciendo la imagen presidencial.

 El éxito en el plano sanitario de las restricciones impuestas a la circulación de personas fortaleció notoriamente la imagen positiva de Alberto Fernández, catapultada en las encuestas a índices que nadie hubiera podido imaginar a principios de marzo. Pero semejante capital político, acumulado a velocidad supersónica tiene que ser invertido ahora en pagar los elevados e inevitables  costos económicos y sociales de las decisiones adoptadas para contener la expansión  de la pandemia.

 Quiso el azar, o tal vez la lógica implacable de los hechos, que esta instancia crítica coincida en el tiempo con la definición de la encrucijada estratégica originaria que atravesaba fatídicamente el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción y  antes de la irrupción de la pandemia: la renegociación de los vencimientos de la deuda pública argentina, en particular con  los tenedores de bonos amparados en legislación  extranjera.

 La propuesta a los acreedores formulada por el Ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Guzmán, y su rechazo por los acreedores abrió un compás de espera de algunas semanas antes de que en el horizonte de la economía pueda despejar el escenario con una postergación acordada en el pago de los vencimientos o con el temido y temible nuevo default y sus consecuencias de mayor aislamiento internacional de la Argentina, ahora  incrementado por la tensión diplomática con los gobiernos todos nuestros países vecinos (Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia) y con la crisis en ciernes en el MERCOSUR.

 En las semanas que se avecinan, el gobierno tendrá que hacerse cargo entonces de todas aquellas decisiones, seguramente conflictivas,  que las circunstancias le obligaron a adoptar y/o también a demorar. Esa percepción de “tener agarrado al tigre por la cola”, compartida por todos los altos funcionarios, está acompañada por una segunda sensación: mientras continúe la emergencia sanitaria y las incógnitas abiertas por la cuestión  de la deuda, no existe ninguna posibilidad de trazar una estrategia de mediano y largo plazo.

 El famoso “paso a paso” de Reinaldo “Mostaza” Merlo, transformado en un “día a día” en la gestión gubernamental, llegó para quedarse por un período todavía indeterminado. Ese reino de la provisoriedad sólo puede traducirse en una mayor dosis de incertidumbre. La cuestión ya no es quejarse por su existencia,  sino ver cómo convivir con  ella.

 En estas circunstancias, comienza a asomar larvadamente en la superficie lo que en situaciones normales irrumpiría como estallido: las pujas sectoriales sobre la repartición de las cargas económicas del inédito y descomunal esfuerzo que realiza hoy la sociedad argentina, aunque en este punto el gobierno cuente con la ventaja, al menos transitoria, de la buena voluntad política exhibida por todos los actores involucrados.

 El acuerdo establecido entre la CGT y la UIA, así como las negociaciones en marcha entre sectores fundamentales de la industria argentina, como ocurre en las ramas metalúrgica, petrolera y automotriz, y sus respectivas organizaciones sindicales, que implican la aceptación de recortes salariales a cambio de la preservación  de las fuentes de trabajo, otorgan un espacio de maniobra adicional para afrontar la parálisis del sistema productivo.

   Pero también  readquieren renovada vigencia las disputas políticas sobre la distribución del poder. En este tan delicado terreno, Fernández tendrá que invertir ese capital  de imagen  positiva acumulado en las últimas semanas y  extremar sus reconocidas dotes de equilibrista político, propias de un eximio  trapecista, para conciliar la resolución de las luchas internas de la coalición gubernamental, reflejadas por ejemplo en el episodio que culminó con la designación  de Fernanda Raverta en la ANSES, con el mantenimiento del implícito pacto de gobernabilidad establecido con el ala dialoguista de la oposición, encarnada en los liderazgos territoriales de Juntos por el encabezados el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

  Cristina Kirchner tomó debida nota del deslizamiento de poder registrado en la coalición gubernamental a partir del fortalecimiento de la imagen presidencial y ensayó una estrategia para retornar al equilibrio de fuerzas anterior a la crisis sanitaria, lo que en los hechos implica dinamitar los acuerdos alcanzados con sectores de la oposición.

 El lanzamiento del controvertido proyecto de ley de impuesto de emergencia a las “grandes fortunas” constituyó el punto de partida de esa contraofensiva en curso. Resultó entonces natural que  esa iniciativa fuera encarnada por Máximo Kirchner, quien además preside el bloque de diputados nacionales del oficialismo.

  En cambio,  es una casualidad cargada de sentido que la redacción originaria del proyecto haya estado a cargo del diputado Carlos Heller, antiguo tesorero del Partido Comunista y actual dueño del banco CREDICOP, una entidad financiera constituida sobre la base de las antiguas cooperativas de crédito creadas por aquella fuerza política en tiempos de existencia de la Unión  Soviética.

  El proyecto Kirchner-Heller apunta a reforzar ideológicamente el signo “kirchnerista” de la coalición gobernante y a liquidar los entendimientos tácitos forjados por Fernández con el ala dialoguista de la oposición y con una parte del “establishment” económico. Procura también que el gobierno asuma como propia la bandera de la confrontación abierta con los grandes grupos empresarios.

 De esta forma, Fernández volvería a quedar prisionero de la hegemonía de Cristina Kirchner dentro de la alianza oficialista, un cepo del que sólo podría liberarse, aunque sólo sea parcialmente, a partir de la profundización de  esos mismos acuerdos torpedeados desde el “kirchnerismo”. Esa encerrona se convertiría en una jaula de hierro si el fracaso de la renegociación  de la deuda con los acreedores externos lleva al default y profundiza el aislamiento externo de la Argentina.

 Jaqueado en su frente interno por esa contraofensiva de su vicepresidenta, Fernández intentó negociar sus alcances. Para ello, buscó afanosamente morigerar los términos del impuesto proyectado. A tal efecto, tomó distancia del texto y utilizó un argumento tan endeble como que el tema impositivo es una facultad constitucional que corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo, como si los gobiernos no tuviesen ingerencia en una cuestión absolutamente vital para la financiación de las arcas del Estado.

 Simultáneamente, Sergio Massa, quien por su condición de titular de la Cámara de Diputados en virtual receso cumple un papel significativo en esta discusión,  acudió en auxilio de Fernández y sostuvo que el oficialismo parlamentario no debe aprobar ningún proyecto de reforma del sistema impositivo que no cuente con el aval del Poder Ejecutivo.

 La intención presidencial es que la pulseada culmine con la aprobación de una ley de contenido “ultralight” que permita al “kirchnerismo” reivindicar un triunfo político de carácter básicamente simbólico y el regreso de la ex mandataria a la escena pública pero  su ”letra chica” no triture el sistema de acuerdos con la oposición política y los sectores empresarios.

Para lograr ese resultado, propio de su condición de avezado acróbata, Fernández apela, además de la colaboración  Massa, al auxilio de  los otros dos socios políticos más significativos de la coalición gubernamental: los gobernadores peronistas y las organizaciones sindicales, que guardaron un sugestivo silencio sobre el tema.

  Pero ese round, posiblemente empatado, puede haber sido el primero pero no fue el último. Simbólicamente, y aunque no sido una iniciativa oficial de Cristina Kirchner, la discusión suscitada sobre la liberación de los presos tuvo un significado político equivalente, con un saldo paradójico: el avance del ala más ideologizada del “kirchnerismo” generó una intempestiva reacción de la opinión pública que perjudicó no sólo a los promotores de la iniciativa sino al gobierno en su conjunto y especialmente a la figura presidencial. En esta ocasión, Massa se desmarcó con nitidez de la postura del ala ideológica del “kirchnerismo”, que -según revelan las encuestas- concitó un fuerte rechazo en la opinión pública.

  Más allá de sus particularidades, este episodio colocó en blanco sobre negro la  característica fundamental de la actual situación política argentina a partir del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2019. La coalición gubernamental, con su naturaleza bicéfala, es el actor principal del escenario nacional pero no el único. Más allá de la obvia y fundamental importancia institucional que supone el control  de los resortes del Poder Ejecutivo Nacional y de la mayoría de las provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, esa coalición está obligada a funcionar dentro de una estructura de poder más amplia cuyo concurso es indispensable para la efectividad de las decisiones en esta emergencia.

  Esa estructura de poder que incluye pero trasciende el marco institucional, esté configurada por la oposición política, los actores económicos, los medios de comunicación y  la franja mayoritaria de la clase media de los grandes centros urbanos, entre ellos las tres mayores ciudades de la Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) y las tres urbes más importantes de la provincia de Buenos Aires (La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca), en ninguna de las cuales gobierna el Frente de Todos.

   Pero entre la coalición de gobierno y esta estructura de poder existe una dicotomía que constituye hoy el núcleo central del conflicto político. En la coalición gubernamental, la hegemonía corresponde a Cristina Kirchner, pero esa hegemonía no está en condiciones de imponerse al conjunto de la estructura de poder. En esa limitación reside el espacio de maniobra de Fernández y sus posibilidades de impulsar un replanteo del escenario.

    Como sucede en todo juego de espejos, lo que ocurre en el oficialismo repercute en la coalición opositora. Rodríguez Larreta consolidó un frente común con tres importantes intendentes del PRO en el conurbano bonaerense (Jorge Macri en Vicente López, Carlos Valenzuela en Tres de Febrero y Néstor Grindetti en Lanús), unió fuerzas con el ala “crítica” referenciada en Emilio Monzó Rogelio Frigerio y Nicolás Massot  y estableció también acuerdos  con los tres gobernadores radicales (el jujeño Gerardo Morales, el mendocino Rodofo Suárez y el correntino Gustavo Valdes).

  En contraposición, la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el silencioso pero indisimulable respaldo de Mauricio Macri, alerta contra el peligro de mimetización de la oposición con el gobierno nacional. Si bien ambas partes coinciden públicamente en señalar que más que un debate ideológico existe una natural división de roles institucionales, resulta fácil comprender que esa diferenciación tiende a acarrear consecuencias políticas que van más allá de la voluntad de sus protagonistas.

  El radicalismo también está atravesado por la tensión entre una corriente dialoguista, centrada en sus tres gobernadores y en la UCR capitalina (liderada por Martin Lousteau pero manejada en las sombras por Enrique “Coti Nosiglia), y un sector del aparato partidario que está más atento al futuro electoral que a las urgencias de la coyuntura.

  Este sector advierte contra la posibilidad de que Fernández, quien no deja pasar ninguna oportunidad para reiterar sus simpatías socialdemócratas y su  admiración  por Raúl Alfonsin,  esté pergeñando una maniobra de “transversalidad política”,  similar a la que ensayó Néstor Kirchner (con el actual primer mandatario como Jefe de Gabinete)  y culminó con el armado de la Concertación Plural que postuló la fórmula Cristina Kirchner- Julio Cobos en las elecciones de 2007. La diferencia, y no es poca, es que en 2007  Cobos ocupó el puesto que hasta entonces desempeñaba Daniel Scioli y ahora ese lugar está ocupado por Cristina Kirchner.

  En las presentes circunstancias, el polo dialoguista de Juntos por el Cambio es el socio estratégico del que puede valerse Fernández para garantizar la gobernabilidad de la Argentina. Hasta ahora, ese pacto de gobernabilidad, basado exclusivamente en el énfasis puesto en la coordinación de la gestión de la cuarentena, resultó eficaz para enfrentar la emergencia sanitaria. Pero dicha característica, que constituye también su límite, no alcanza ya para los desafíos de la etapa que se inicia, cuando la realidad impone que la prioridad puesta en la emergencia sanitaria ceda paso a la necesidad de la reactivación de la economía, una tarea  que exige un acuerdo eminentemente político.

  Para avanzar en esa alternativa, resulta indispensable encarar una nueva construcción política capaz de promover un salto cualitativo que permita pasar por encima  trascender los límites de “la grieta” a fin de promover un acuerdo político que trascienda los límites del acuerdo de gestión para enfrentar la emergencia sanitaria concertado entre Fernández y los jefes territoriales de la oposición, encabezados por Rodríguez Larreta.

  En ese sentido, el entendimiento gestado en la Cámara de Diputados con el activo protagonismo de Massa y de Graciela Camaño entre el bloque oficialista, la bancada que responde a Roberto Lavagna y el subloque del PRO referenciado en Monzó y Frigerio, con la colaboración del sector del radicalismo porteño que lidera Lousteau y maneja Nosiglia, puede ser un interesante punto de partida para encarar la construcción del poder político indispensable  para afrontar exitosamente la crisis que se avecina.

Dejar una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>